«Doble moral». Ese es el calificativo para las políticas agrarias de la Unión Europea que usa Juan Moreno, coordinador de COAG en Extremadura. Es esta la organización agraria que, junto a la ONG Mundobat, ha puesto de relieve la enésima amenaza que se cierne sobre el campo español y extremeño: la explotación de tierra fértil en el para crear una huerta de alrededor de 5.000 hectáreas y cuyos productos entrarían al continente europeo en competencia directa con los propios.
Frutas y hortalizas saharauis que se empaquetan como «producto marroquí» y cuya estrella es el tomate.
Así lo señala el informe 'Derechos humanos y empresas transnacionales
en el Sáhara Occidental'. Competencia directa con la huerta del levante y
una potencial amenaza para Extremadura, primera productora del tomate español
para la industria. «Ahora están centrados en el tomate fresco y aquí de
momento sólo tenemos pequeños huertos pero, ¿quién dice que no cambien
al tomate en polvo (para industria) el año que viene?», apunta Moreno.
«Murcia hace unos años era la mayor productora de tomate concentrado
(para la industria) y ahora produce fresco. Los cultivos van cambiando
cada año», añade.
Competencia desleal
Para el coordinador de COAG, lo más sangrante es la competencia desleal que estos productos, que entran gracias al acuerdo de libre comercio suscrito entre la UE y Marruecos, suponen: «A nosotros la Unión Europea nos pone una serie de requisitos sanitarios, por ejemplo con el uso de los fitosanitarios, que los otros no tienen. No hablemos ya del uso de la mano de obra. Al Sáhara se llevan trabajadores marroquíes para que no hablen», denuncia.
Sólo en el sector del tomate Extremadura cuenta con 1.500 productores,
que desde principalmente las Vegas del Guadiana y el Valle del Alagón
surten del 67% del tomate español para la industria, con 2,16 millones
de toneladas contratadas en 2021 para un total de 23.892 hectáreas,
según datos de la Mesa del Tomate. Una producción que lleva aparejada
toda una industria de transformación que encabeza la exportación
agroalimentaria de la región. Por otro lado, la importación de frutas y hortalizas marroquíes en España ha crecido un 40% en los últimos años,
según datos de Cohexphal, la Asociación de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas de Almería. El tomate es el cultivo
estrella, pero también se importan otros como calabacines, sandías, frutos rojos, aceite de oliva o frutas de hueso.
Trabajadoras en una industria del tomate EL PERIÓDICO
No son pocos los intereses económicos que rodean a este proyecto. En él están implicados cinco
grandes grupos empresariales, en los que tienen participaciones tanto
el rey marroquí Mohamed VI como su ministro de Agricultura.
«Nosotros no sabemos a qué agua le bailan los políticos europeos porque
por un lado lanzan campañas para el consumo de cercanía y por otro
firman acuerdos con terceros países para que importemos productos que
vienen de miles de kilómetros», dice Moreno. «Entonces, sobre la
producción agraria y ganadera en general, tenemos que decir que la UE
está legislando para los grandes fondos de inversión y las
multinacionales alimentarias», lamenta. «Y esto no sólo perjudica al campo, sino a los propios ciudadanos», señala.
La controversia no está sólo motivada por el perjuicio puramente
económico para los agricultores españoles, sino que también esconde una
trampa política: la del uso de los recursos por parte del reino alauí de la colonia más antigua de África.
«Trampa»
«Marruecos hace trampa». Es la otra arista que exponen COAG y Mundobat en su informe. «Todo esto se está haciendo saltándose todas las leyes internacionales y resoluciones de la ONU.
Marruecos se aprovecha de una zona rica en agua del Sáhara Occidental y
luego lo exporta con la etiqueta de producto marroquí», expone Moreno.
El trayecto comienza en la ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros --capital del territorio del Río de Oro, una de las dos zonas en las que se dividía el Sáhara español--. Allí llegan los camiones
que transportan en contenedores frigoríficos los productos 1.000
kilómetros hacia el norte, hasta la urbe ya marroquí de Agadir, donde se etiquetan como «origen Marruecos». Esto conlleva además un problema añadido para los consumidores, ya que se mezclan con otros productos locales y se pierde la trazabilidad de los mismos, lo que supone un riesgo para la seguridad alimentaria.
«Es muy difícil el control», confirma Cristina Ovejero, presidenta de la Federación Sáhara Extremadura (Fedesaex). «No es sólo una cuestión legal y económica, también tiene una dimensión ética y humanitaria ante el expolio
al pueblo saharaui», señala. «Se da la paradoja de que el Sáhara
Occidental recibe ayuda humanitaria de los gobiernos mientras las
empresas explotan sus recursos», dice.
Para Ovejero, el gobierno español no asume su «responsabilidad» y
ha tomado una posición de «silencio». «Hay países, como Francia, que
apoyan abiertamente estos proyectos mientras que otros como Suecia o
Noruega están advirtiendo a sus empresas para que no se involucren. Para
nosotros, esa es la posición valiente que se debe tomar», dice.
A modo conciliatorio, el Servicio de Acción Exterior Europeo realizó una consulta en el territorio sobre la conveniencia de las explotaciones agrícolas en la que ganó el apoyo a las mismas. Sin embargo, el Frente Polisario denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esta consulta
por considerar que no fue equilibrada ni transparente y el tribunal aún
no se ha pronunciado al respecto. El propio TJUE ya sentenció en 2016
que el acuerdo comercial agrícola y pesquero entre Marruecos y la UE no
debía incluir al Sáhara Occidental al no ser parte del territorio
marroquí.
«Es muy difícil rastrear de dónde proceden los productos que
vienen de Marruecos. La Comisión Europea en cierto modo se apoya en que
hay cierto beneficio para el territorio pero la realidad es que en estas industrias quienes trabajan son los colonos marroquíes mientras que el pueblo saharaui sigue sufriendo la represión y el exilio», denuncia Ovejero.
La extremeña pone como ejemplo la agresión sufrida por la activista saharaui Sultana Khaja esta misma semana,
cuando «tras 250 días encerrada en su casa, ha sido apaleada al salir».
«Marruecos sigue con sus continuos atropellos y represión mientras que
se beneficia junto a las empresas de los recursos saharauis», remarca.
Mientras, el país alauíta continúa con su política de hechos consumados en la colonia.
Una política que cada vez toca más de cerca al sector primario
extremeño y español. Y todo ello, casi que comienza en nuestra mesa.
La colonia eterna
Una España con el dictador
agonizando. La Marcha Verde de Marruecos. La ocupación en 1975. El
conflicto y el limbo de una población exiliada y refugiada desde hace
casi 50 años. La historia no es nueva. Y la solución nunca llega.
España
sigue siendo responsable de la situación, ya que no ha descolonizado
correctamente el territorio del Sáhara Occidental de acuerdo a los
artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que aún es
su Potencia Administradora de iure. Marruecos por su parte considera el
Sáhara como una región más de su territorio y sólo está dispuesta a
ofrecer una cierta autonomía, opción que el Frente Polisario saharaui
rechaza de plano.
La ambición del reino alauita por este y otros
territorios responde en buena medida al ‘Gran Marruecos’, un término
poco conocido en España pero muy presente en los vecinos del Sur, en su
nacionalismo y en el Partido Istiqlal, fuerza con presencia en sus
sucesivos gobiernos.
Así, esta tesis expone que el territorio
marroquí no sólo se limita a sus fronteras actuales sino que también
abarcarían el Sáhara Occidental, Mauritania, el norte de Mali y el oeste
de Argelia. Se basa en «razones históricas, religiosas y políticas». Lo
que se presenta como un proyecto nacionalista común desde Marruecos es
visto desde estos territorios como un nuevo colonialismo.
Un trabajador en un invernadero EFE
Explotación de recursos
ARENA:
Si se piensa en el Sáhara, la primera imagen que viene a la cabeza es
la de la arena. Un recurso que Marruecos explota para producir cemento y
también para vender a las playas españolas. Pero no es el manto del
desierto la única riqueza que guarda el territorio.
PESCA: Las aguas que bañan la colonia poseen uno de los caladeros más ricos del Atlántico. De «desenfrenada» califica Western Sahara Resource Watch la pesca en esta costa, que también ha sido denunciada por Greenpeace,
que exige a la UE «que se pueda garantizar que los recursos pesqueros
se gestionen de manera sostenible y que la pesca tenga en cuenta los
deseos y los beneficios de la población autóctona del territorio».
FOSFATOS: El Sáhara Occidental tiene algunas de las reservas de fosfatos de más calidad del mundo, según Western Sahara Resource Watch.
El territorio tiene una producción estimada de 2,4 millones de
toneladas al año, de acuerdo a los datos que maneja la organización, que
también ha denunciado las peligrosas y nocivas condiciones de trabajo
para los obreros por los subproductos ante los que están expuestos. El
fosfato es un mineral escaso pero esencial para producir los
fertilizantes que se usan para los cultivos.
PETRÓLEO Y GAS:
Marruecos otorga licencia a compañías energéticas para que realicen
prospecciones petrolíferas y gasísticas en el territorio saharaui, lo
que viola los principios del derecho internacional en relación a las
actividades de recursos minerales en territorios no autónomos.
Comentarios
Publicar un comentario