
La
crisis migratoria desatada en estos días en la ciudad española de
Ceuta, puso en evidencia, que Marruecos emplea a los movimientos
migratorios como mecanismo de presión, manejando hábilmente la escalada y
sorprendiendo una vez más a España. Pero esta vez, la apuesta ha sido
mucho mayor, y con toda probabilidad tarde o temprano Rabat busque por
medio de hechos consumados, ir más allá y ocupar los enclaves de Ceuta y
Melilla.
Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro/ECS
Buenos
Aires (ECS). - En estos días fue noticia el aluvión de inmigrantes
ilegales asaltaron literalmente el vallado de seguridad que separa el
enclave español de Ceuta con Marruecos. Los enclaves de Ceuta y Melilla,
son una vieja aspiración de la monarquía alauita, como parte del
proyecto del Gran Marruecos. La pretensión carece de sustento histórico –
jurídico. Sino responde a intereses geopolíticos, que tiene que ver con
proyectar el país como un actor clave en un área de alto valor
estratégico, próximo al Estrecho de Gibraltar.
Marruecos
desde hace unos años ha llevado una estrategia bien definida para
dinamitar el agonizante Plan de Arreglo de 1991. Es sabido que es letra
muerta y gracias al apoyo de Francia, cualquier iniciativa en cuestiones
de derechos humanos, sufre el veto de París en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Rabat se ha mostrado como un aliado confiable para
los intereses Occidentales, en estrecha alianza con las monarquías
conservadoras del Golfo. Los hitos en esta materia es ser considerado,
aliado Extra OTAN, con una excelente relación con Estados Unidos, que le
ha permitido, gracias a la chequera saudita y de otros aliados árabes,
pagar importantes contratos para la compra de equipamiento militar
puntero. Especial atención ha merecido la política en relación a las
fuerzas navales y aéreas. A través de una política de hechos consumados,
escaladas de conflictos muy bien pensados y planeados, con un claro
objetivo de erosionar a su adversario geopolítico, España, además de
aprovechar los embates internos de Argelia, que impiden que reaccione de
manera más contundente a la activa diplomacia alauita en África
Occidental.
En
esto tiempos observamos una serie de maniobras, destinadas de alguna
manera de materializar la idea del Gran Marruecos, ya no por medio de la
ocupación territorial, sino creando un esfera de influencia política y
económica. La construcción de la carretera que atraviesa la zona
controlada por la RASD en el puesto fronterizo de Guerguerat, tiene que
ver con generar un polo de atracción geopolítica, que incida en la
economía mauritana, e indirectamente avanzar en el plano político, a
través de maniobras de riesgo calculado, que permitió por la vía de los
hechos, consolidar dicho paso ilegal, romper con el Acuerdo Militar nro
1, de respetar las zonas militarizadas, ante las Naciones Unidas
completamente inermes. El tráfico comercial vía Guerguerat, genera una
alternativa la economía del Sahara ocupado.
En
este marco, observamos como diversos países africanos, seguramente
permeables a lobby marroquí, que implica mucho dinero, presiones
diversas, siempre con aval francés, para la instalación de consulados en
la ciudad de El Aaiún. El afán de Rabat, es buscar por todos los medios
el reconocimiento de sus presuntos derechos sobre el Sáhara. Incluso la
maquinaria de propaganda de Rabat, ha buscado siempre desvirtuar el
célebre dictamen de la Corte Internacional de La Haya de 1975, donde
claramente indicó que el Sahara Español, nunca fue parte de Marruecos.
Pero el intento de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara, no
tuvo éxito, ni siquiera en su aliado francés.
La
activa política marroquí en el plano exterior, no obstante ello,
permite que su presencia en el Sáhara Occidental, no se vea casi
perturbada. El estatuto del territorio, genera sea como fuere, un
impacto en la economía. Marruecos sabe que llegado el caso que la
presunta marroquinidad del Sáhara se hiciera realidad, el potencial
económico del territorio, se incrementaría sustancialmente,
especialmente por el fosfato, la pesca y el potencial minero que existe,
especulándose con el petróleo.
Esto
financiaría los sueños de un Marruecos potencia regional que opaque a
su vecino argelino, La batalla legal que viene desde hace años que libra
el Frente POLISARIO en tribunales europeos, siendo la última iniciada
en marzo de 2021, ha sido desfavorables a Marruecos, generando
perjuicios a lucrativos negocios especialmente ligados a la pesca,
fosfatos y la exportación de productos agrícolas, producidos en
invernaderos en el Sahara ocupado.
La
esperanza para Rabat, vino de la mano de Donald Trump, un miope en
política exterior y geopolítica, en diciembre de 2020, cuando prometió
en redes sociales, propuso a Marruecos, a cambio del reconocimiento de
la soberanía sobre el Sahara, el restablecimiento de relaciones
diplomáticas con Israel. Subordinó intereses de Estados Unidos, a la
política israelí, seguramente influido por el lobby existente en su
círculo cercano.
Alemania,
planteó su postura ajustada a derecho, a la cual adhirió la Unión
Europea, lo que provocó la ira de Rabat, y el correspondiente incidente
diplomático, Seguramente para la opinión pública marroquí, para mostrar
la firmeza del rey y su gobierno. En la sesión del citado mes de 2020,
Berlín sentó su postura, tirando por tierra, el intento marroquí que la
UE, apoyara la idea de reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara
Occidental.
Marruecos
en el marco del riesgo calculado, campo que maneja con suma habilidad,
en diciembre de 2020, el primer ministro Saadeddín El Othmani, volvió a
cargar tintas sobre el dossier Ceuta y Melilla, exigiendo su devolución.
Este tipo amenazas no es algo nuevo, por ejemplo en febrero de 2017,
el ministro marroquí de Agricultura, Aziz Ajanuch, por medio de un
comunicado, advertía que cualquier impedimento que surgiera en relación a
los acuerdos de pesca y agrícolas entre la UE y Marruecos, tendría
consecuencias con el incremento del flujo migratorio. Una amenaza
velada, que afectaba especialmente a España.
Lamentablemente
en dicho país, las estructuras de defensa y seguridad, están influidas
por think thank abiertamente favorables a Marruecos. Incluso observamos
como medios especializados de defensa, publicados en España, no muestran
sorpresa, ni observan el impacto del enorme esfuerzo en la
modernización del Instrumento Militar marroquí. El objetivo es sin
ninguna duda presionar a España, incluso provocando un incidente que
derive una crisis realmente severa, para que Madrid, en el marco de su
fracasada política de apaciguamiento, reconozca la soberanía marroquí
sobre el Sahara ocupado. Sería todo un símbolo, dado que España es la
potencia administradora de iure, dado por el golpe político y
psicológico que significaría para la opinión doméstica y para el Frente
POLISARIO.
España
se encuentra seriamente afectada por la crisis del COVID, imponiendo
restricciones a las libertades públicas, con dudoso resultado positivo,
pero un duro impacto en la economía nacional. En el plano política la
coalición de izquierda liderada por el Dr. Pedro Sánchez, ha tenido una
agenda sesgada por cuestiones ideológicas, y las pugnas con su aliado,
“Unidas Podemos”. Los gobiernos españoles, hace rato que se han olvidado
de los intereses nacionales, ello puede observarse en los documentos
oficiales sobre defensa, donde prevalece más la UE, la OTAN, que los
intereses propios. Esto lo observamos claramente con la política
exterior hacia el Magreb, la negativa española de ver la dura realidad
saharaui y asumir lo que la historia le demanda a los gobiernos
españoles.
La
política de acercamiento que ha tenido España, es leída claramente por
Marruecos como signo de debilidad. Es algo que los expertos en seguridad
y política exterior españoles, en gran parte, se niegan a ver. Cuando
Marruecos no consigue algo, los mares se llenan de “pateras” cargadas de
inmigrantes ilegales, la presión fronteriza sobre Ceuta y Melilla, se
hace insostenible. Ello se frena cuando la UE, por medio de ayudas
millonarias, busca en Marruecos un socio para frenar la cuestión
migratoria, cuando en verdad, Rabat no es la solución, sino forma parte
del problema. El país funciona como regulador del problema, cuando ve la
oportunidad favorable, emplea la situación de las migraciones, como
arma de presión.
Los
documentos y trabajos académicos de instituciones especializadas en
temas de defensa y seguridad, en España, han publicado mucho sobre los
conflictos híbridos, o como situaciones de crisis de gravedad, no son
consecuencia de una agresión armada, sino por otros medios, que encubre
operaciones militares. La famosa Marcha Verde de 1975, fue una
combinación de acción psicológica, política, para encubrir la invasión
marroquí del Sahara. Mientras que las fuerzas españolas eran aferradas
para evitar males mayores, en el sector noroeste del territorio, desde
el sector oriental, fuerza marroquíes invadieron tierras saharauis,
encontrando la tenaz oposición del Frente POLISARIO. Durante años, el
poderoso lobby pro marroquí, ha venido anestesiando a la opinión
pública, dirigentes políticos, expertos en defensa, sobre la amenaza del
flanco sur español, que es Marruecos.
La
crisis de Ceuta, con 8.000 inmigrantes, cuyo traslado fue facilitado
por las autoridades marroquíes, es prueba de la existencia de una clara
intensión de Rabat de impulsar un conflicto o escalada, con el objetivo
de obligar a España, aceptar cambios en su posición oficial respecto al
Sahara Occidental. Las fuerzas marroquíes libran una serie de choques
armados a lo largo de los muros defensivos contra fuerzas saharauis.
Esto ha sido silenciado por Rabat, y la situación no debe ser muy
halagüeña si vemos como ha buscado generar un nuevo frente externo,
orientado claramente a legitimar al gobierno frente a la opinión
doméstica. Esta crisis ha sido, a nuestro entender, una prueba para
medir las reacciones del gobierno español como de sus socios europeos,
lecciones que serán empleadas para el próximo movimiento (¿Presionar por
la cuestión Saharaui? ¿Obligar a España a ceder sus territorios en el
Norte de África? ¿Generar una crisis de gobernabilidad en las ciudades
autónomas que obligue a España abandonar dichos territorios?).
Ceuta, no es una colonia, sino parte de España.
La
ciudad de Ceuta, a principios del siglo XV, parte de Portugal,
conquistando la plaza a los moros. La unión de las coronas de Portugal y
España, significó en el siglo XVI, que la plaza de Ceuta tuviera un
gobernador español, desde 1580. En 1609, el sultán marroquí reconoció el
dominio español en la plaza. En 1668 por el Tratado de Lisboa, el
territorio quedó en manos españolas definitivamente.
El
reconocimiento marroquí a la soberanía española de las llamadas “plazas
de soberanía”. En 1767, el sultán de Marruecos suscribió un tratado, en
el cual en su artículo 10 decía: Los españoles que deserten de los
presidios de Ceuta, Melilla, Peñón y Alhucemas, y los moros que en ellos
se refugien serán inmediatamente y sin la menor demora restituidos por
los primeros alcaldes o gobernadores que los aprendan, a menos que no
muden de religión. En 1774, el sultán Sidi Mohammed ben- Abdalah, en una
carta al rey Carlos III, señalaba que los efectos del tratado de 1767,
eran aplicables al ámbito marítimo, no tolerando la presencia de
establecimientos cristianos en tierras del Norte de África. La respuesta
fue la guerra, que derivó en el pedido de paz del sultán en 1775. Una
serie de tratados fueron firmados entre las partes, destacándose el de
paz y amistad de 1780, y el de paz, amistad y navegación, comercio y
pesca, firmado en 1799, donde Marruecos reconoció la plena vigencia de
lo estipulado en 1767.
En
el siglo XIX, Marruecos suscribe nuevos tratados con España, donde
nuevamente reconoce la soberanía española de Ceuta, Melilla y un grupo
de islotes cercanos a las costas marroquíes, siguiendo las líneas
fijadas en los tratados del siglo XVIII. El tratado de 1845, fue
consecuencia del avance de grupos tribales sobre territorios de la plaza
de Ceuta y nuevamente el sultán se compromete a impedir acciones
hostiles de las tribus rifeñas contra Ceuta, Melilla, Alhucemas. En
1859, Marruecos cede territorio, para la seguridad de la Plaza de
Melilla, creando una zona de amortiguación entre la citada ciudad y las
poblaciones fronterizas bajo soberanía marroquí. En el artículo 1º del
Convenio de Tetuán dice claramente" (…) queriendo contribuir en lo que
de él dependa al resguardo y seguridad de las plazas españolas en la
costa de África, conviene en ceder a Su Majestad Católica en pleno
dominio y soberanía, el territorio próximo a la plaza española de
Melilla hasta los puntos más adecuados para la defensa y tranquilidad de
aquel Presidio”. Posterior a la guerra hispano marroquí de 1860,
nuevamente Marruecos reconoció la soberanía de las plazas de Ceuta,
Melilla, Alhucemas. Posteriormente hubo una serie de tratados y
convenios, hasta 1911, donde Marruecos siguió reconociendo la soberanía
española, de los citados territorios. Desde 1912 hasta 1956, Marruecos
estuvo sujeto al régimen de protectorado, con una soberanía limitada.
Proclamada la independencia de Rabat, España suscribió los Acuerdos de
Cintra de 1958, donde Madrid entregó el área de Tarfaya y Ued Draa, pero
los derechos españoles sobre Ceuta y Melilla, no fueron cuestionados.
En 1969, el enclave de Sidi Ifni es cedido a Marruecos,
En
los años 50, con la crisis de los imperios ultramarinos, en el seno de
Naciones Unidas, comenzó el proceso para instar a la descolonización de
vastos territorios de Asia y África. El 15 de diciembre de 1960, la
Asamblea General de Naciones Unidas elaboró una lista de territorios a
descolonizar, que en el caso español, incluía Fernando Poo, Río Muni,
Sidi Ifni y el Sahara Español. Las ciudades de Melilla y Ceuta, no
fueron incluidas, ni tampoco los islotes del Perejil, Peñón de Vélez de
la Gomera, Alhucemas, y las islas Chafarinas. En esos años, el régimen
marroquí adoptó como base ideológica la idea del Gran Marruecos,
impulsado por al Fassi, dirigente nacionalista. Esta construcción,
basada en la tergiversación de la historia de país, al tomar como
referencia al imperio almorávide en tiempos de la Edad Media, plantea
una suerte de “Marruecos histórico”, lo que permitió establecer un
elemento de cohesión nacional, y fundamento para la concentración del
poder en manos del monarca alauita. Esto abrió las puertas para una
serie de conflictos con los vecinos e incluso una fuerte diferencia con
Francia, relativo a Mauritania, donde ironías del destino, la diplomacia
gala hizo una excelente defensa, ante la oposición marroquí de que el
flamante estado, ingresara a Naciones Unidas, desarticuló el concepto
del “Gran Marruecos”.
Los
argumentos de considerar que Ceuta y Melilla, son enclaves coloniales,
carece de sustento, dado que sus poblaciones son españolas, con una
presencia interrumpida desde hace siglos, agregándose que siempre fueron
gobernadas como parte del estado español, obteniendo en 1978, por la
Constitución, la posibilidad de alcanzar mayor grado de autonomía, al
conformarse como Comunidades Autónomas, con sus estatutos. Los intentos
de Marruecos de llevar el caso al Comité de Descolonización,
naufragaron. Ceuta y Melilla, no son colonias, sino partes integrantes
del Reino de España desde hace siglos, reconocido por el mismo Marruecos
por una sucesión de tratados. La Resolución 1541 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1960, concretó en qué
casos los Estados deben estar obligados a transmitir la información a
que se refiere el ya citado art. 73, apartado e) de la Carta de las
Naciones Unidas, a saber señala el principio IV: cuando un territorio
está separado geográficamente del país que lo administra y además es
distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales, es decir, posea
un pueblo distinto. Al mismo tiempo el principio V indica que podrán
tenerse en cuenta otros factores de carácter administrativo, político,
jurídico, económico o histórico “si influyen en las relaciones entre el
Estado metropolitano y el territorio de modo que éste se encuentre
colocado arbitrariamente en una situación o en estado de subordinación
(ver ORTIZ de la TORRE, José Antonio Tomás: “La Ciudad Autónoma de Ceuta
ante el Derecho Internacional y el Derecho Español” en An. Real. Acad.
Doct. Vol 2, (2017) pp. 248-285).
Desde
Rabat se intenta borrar de un plumazo, la legitimidad de la larga lista
de tratados, especialmente que datan del siglo XVIII y XIX, incluso
Marruecos formuló una reserva en la Convención de Viena sobre Tratados
Internacionales, en particular sobre el art. art. 62. 2, a) :“Un cambio
fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar
por terminado un tratado o retirarse de él: a) si el tratado establece
una frontera. Rabat formuló la siguiente reserva Marruecos interpreta
que el párrafo 2 a) del artículo 62 (cambio fundamental en las
circunstancias) no es aplicable a los tratados ilícitos o desiguales, o a
cualquier tratado contrario al principio de autodeterminación. El Dr.
Ortiz de la Torre, explica de manera clara porque este reserva no es
aplicable a caso de Ceuta en particular, como de los otros enclaves
españoles en el Norte de África Marruecos interpreta que el párrafo 2 a)
del artículo 62 (cambio fundamental en las circunstancias) no es
aplicable a los tratados ilícitos o desiguales, o a cualquier tratado
contrario al principio de autodeterminación. Otros argumentos, son que
las citadas ciudades españolas, afectan a la continuidad del territorio
marroquí. La jurisprudencia internacional de la Corte Internacional de
Justicia ha dejado valiosas pautas, como cita el citado jurista español,
como de la doctrina al decirnos que un importante sector, muy
cualificado, de los internacionalistas contemporáneos sostiene que la
contigüidad territorial no confiere un título autónomo a la soberanía
territorial del Estado limítrofe. Incluso cita un fallo de la Corte
Internacional de noviembre de 1953, “Minquiers et Ecréhous” objeto de
litigio entre Francia y Gran Bretaña en relación a la soberanía de los
islotes citados, ubicados próximos a la costa francesa., donde el
concepto de continuidad territorial del estado, como argumento para
reclamo de soberanía queda sin sustento. En dicho fallo, quedó en
evidencia que el Reino Unido ejerció de manera efectiva soberanía sobre
los islotes en cuestión, mientras que Francia nunca tuvo acciones
concretas para mostrar su presencia o ejercicio de derechos soberanos.
Los
argumentos en contra de los tratados suscriptos con anterioridad a
1911, choca con el principio del derecho internacional de
irretroactividad de las normas, consagrado por las mismas Naciones
Unidas, en la resolución 2625 (XXV) de 1970, donde señala en una de sus
partes que “Nada de lo dispuesto anteriormente se interpretará en el
sentido que afecte: a) las disposiciones de la Carta o a cualquier
acuerdo internacional anterior al régimen de la Carta y que sea válido
según el derecho internacional.
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