Un total de doce organizaciones jurídicas y sociales van a
presentar hoy una denuncia ante la sede del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en Madrid, en la que s
por la Ministra de Hacienda María Jesús Montero. Los denunciantes consideran que
El documento, al que ha tenido acceso cuartopoder, está firmado por el abogado saharaui Sidi Talebbuia Hassan,
en representación de las siguientes organizaciones: AAPSS Asociación de
Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, AISCA Amel de Inmigrantes
Saharauis en el Centro de Andalucía, Asociación Ardi Hurra de la
Comunidad Saharaui en Sevilla, APRASE Asociación Profesional de
Abogadas/os Saharauis en España, Asociación Colectivo Saharaui de Jaén,
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza, Asociación de
Periodistas Saharauis en España, Asociación Saharaui en Granada,
Asociación Saharaui en Málaga Baha, Centre Delàs d'Estudis per la Pau,
Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental y Observatorio Asturiano
de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental.
La anunciada venta se enmarca dentro de la
reanudación del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario,
y las denuncias de una escalada de la represión marroquí a la población
civil saharaui en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. La denuncia
recoge la verificación de esto último por
aciones) y la Aplicación de la Posición común 2008/944/PESC
aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008.
“La venta de la fragata que amenaza a la población saharaui también viola la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio no autónomo del Sahara
Occidental reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española
y europea”, destacan las organizaciones. También incumpliría el
compromiso expresado en comunicado oficial el 13 de noviembre de 2020
por el Ministerio de Exteriores de “apoyo a la ONU para garantizar alto
el fuego en el Sáhara Occidental”.
“La
guerra actual entre Marruecos y el Frente Polisario a consecuencia de
la ruptura del Acuerdo de alto el fuego de 1991, tras el asalto a Guerguerat por parte de Tercera Brigada motorizada de las fuerzas reales marroquíes, amenaza la estabilidad de la región por
su posible extensión a la limítrofe Mauritania, que ha recibido incluso
ataques de las fuerzas marroquíes al confundir a sus tropas con las del
Frente Polisario, y los conflictos de Mali y Libia”, señalan los
denunciantes.
Y añaden: “El retorno a las hostilidades es una preocupación expresada por la Unión Africana en
su Asamblea Extraordinaria “Sobre Silenciar las armas” celebrada el
pasado 6 de diciembre; y la empresa pública española Enaire encargada de
gestionar la navegación aérea ha desaconsejado ya sobrevolar el Sáhara
Occidental”.
Según el texto, la compra de armamentos por parte de Marruecos es un tema sensible “teniendo en cuenta sus intereses expansionistas,
que alcanzan las aguas canarias, y su precaria situación económica;
ambos factores vinculantes en la normativa nacional e internacional para
autorizar estas exportaciones”.
“El Reino alauí, receptor de grandes ayudas españolas y europeas, desvía sus recursos a la compra de armamento cuando su propia población emigra de manera masiva
ante la pobreza de un país cuyo indicadores económicos y sociales
acreditan una situación de miseria grave y tasas de analfabetismo,
mortalidad o déficit alimentario a la altura de los países africanos
peor situados”, destacan.
Esta denuncia llega tras la protesta realizada el 27 de febrero ante la sede de Navantia en Cádiz por
la población saharaui en la diáspora y el movimiento de solidaridad con
el Pueblo Saharaui, que insistió en que no debe utilizarse como hizo la
Ministra Montero la depauperada situación económica de la provincia de
Cádiz, donde se construirá la fragata, como excusa para esta venta
ilegal que obliga a trabajadores y trabajadoras a elegir entre la
fabricación de armas o el pan de sus familias.
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