De Tuineje a Berbería se va y se
viene en un día, comentan desde tiempo inmemorial en Fuerteventura. Y es
cierto. Canarias tiene a Marruecos muy cerca, tanto que la vecindad
aparece en ocasiones como una oportunidad y en otras tantas como una
amenaza. Es el mismo Marruecos que, en una versión extrema de la
realidad, quiere expandirse a costa de los intereses isleños, también el
país vecino en el que muchas empresas del Archipiélago han abierto
mercados y expectativas en un proceso de cooperación regional acorde con
las corrientes dominantes de la globalización. Pasemos revista a la
última escaramuza, la de la zona económica exclusiva en el océano y una
colisión diplomática que tiene sus motivos últimos en la política
interna del reino vecino.
El océano, en disputa.
Los fondos marinos son el nuevo horizonte de la investigación con fines
económicos. En el caso del Océano Atlántico, vinculado a la existencia
de minerales valiosos en el lecho cercano a las costas canarias, y
también a las africanas. Esta perspectiva resulta tan golosa como
incierta, pues se desconoce la viabilidad técnica y el coste del empeño,
extraer materias primas de montes submarinos cuyas cimas se encuentran a
más de un kilómetro de la superficie. La evolución de la tecnología, y
ese asunto nada trivial llamado precio (el crudo es el mejor ejemplo,
porque la extracción off-shore se activa cuando el barril se dispara en
los mercados y las plataformas cierran el kiosco cuando la cotización se
desploma), resolverán la ecuación en un sentido u otro. Pero hablar de
todo este asunto, de las presuntas riquezas que podríamos obtener de un
día para otro, desata ríos de tinta y comentarios de diversa naturaleza,
sobre todo si lo que aparece en el horizonte es una amenaza, sea real o
ficticia: que una potencia vecina está dispuesta a robarnos el tesoro.
Este esquema mental está detrás de muchos comentarios recientes.
Marruecos imita a España: sí
pero no. La ministra González Laya dijo el viernes que Marruecos ha
puesto en marcha su reclamación sobre la zona económica exclusiva porque
España también lo ha hecho. Esto es cierto y no lo es al mismo tiempo.
Porque el Gobierno español activó su petición en las instancias
internacionales, registrando en 2014 una reclamación en Naciones Unidas
con la que pretende extender su zona económica en 296.000 kilómetros
cuadrados, hasta los 350 kilómetros de la costa canaria. Marruecos, con
idéntica y no sabemos si legítima ambición (eso lo veremos más tarde),
ha tirado de legislación nacional, un camino que en sí mismo ya supone
un hecho consumado, porque las decisiones de los Parlamentos nacionales
podrán convertirse en derecho o no, pero desde luego no están sometidas
al control preventivo de las instituciones multilaterales.
Tienen
razón la ministra y el presidente canario al afirmar que la normativa
estatal marroquí jamás podrá sobreponerse a una legislación
internacional tan compleja y fascinante como la que afecta a los
derechos a veces conflictivos sobre mares y océanos. Pero debe quedar
claro que España y Marruecos, para reclamar lo mismo, actuaron de forma
diferente y a través de cauces distintos, una evidencia que ofrece
pistas sobre las intenciones reales de cada cual, como veremos más
adelante. Porque igual no es tanto el valor del fuero como su
significado en términos de política interna, que es lo que realmente
interesa al régimen de Mohamed VI.
Demasiada sobreactuación.
La política canaria, tan dada a la confrontación por cualquier asunto,
suele encontrar en la relación con Marruecos un extraño y en ocasiones
pueril elemento de cohesión. Sí, ese Marruecos que invade los mercados
europeos con sus tomates en detrimento de nuestra producción, que asoma
como posible competidor turístico, que nos extorsiona abriendo y
cerrando la válvula de la inmigración irregular, que dibuja mapas
presuntamente ubicados en despachos influyentes en los que Canarias
aparece pintada del mismo color que el reino vecino. Hay toda una
literatura sobre esta cuestión. Por eso no resulta extraño que las
fuerzas políticas de las Islas se hayan puesto en modo bronca a raíz del
empeño alauí por legislar sobre las aguas territoriales. Los partidos
canarios, casi sin excepción, han solicitado una respuesta
“contundente”, el adjetivo más utilizado en la última semana para
describir la respuesta que Canarias y el Estado español debían emplear
en este asunto.
Todo un ex presidente canario, ahora
senador, fue el primero en pedir explicaciones en la Cámara Alta a la
ministra de Exteriores en funciones, y la iniciativa de Fernando Clavijo
ha sido secundada, ya con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en
plenitud de facultades, por su homólogo del PP Sergio Ramos, un joven
hiperactivo que quiere hacer méritos y dejarse ver en la política
isleña. ¿Y qué ha hecho el presidente canario? Pues ante la general
sobreactuación que ha generado este asunto, ha optado por ponerse a la
cabeza de la manifestación y sobreactuar él también, afirmando que
Canarias no tolerará perder “ni un milímetro” de su mar territorial.
Cierto
es que cualquier otra explicación, una aproximación más racional a este
conflicto de baja intensidad diplomática, solo le hubiera supuesto a
Torres la definición de blando, un riesgo que el presidente canario en
modo alguno piensa correr. De ahí no sólo su declaración institucional
del jueves pasado, sino la presencia de la ministra de Exteriores en Las
Palmas el sábado para explicar los pormenores de su conversación con el
Gobierno del reino vecino. De paso, un modo de exhibir su condición de
barón emergente en el ecosistema socialista-sanchista.
El papel de la ministra debutante.
Arancha González Laya no tenía una papeleta fácil en su debut al frente
de la diplomacia española, con un viaje a Marruecos que perdió de
pronto su condición protocolaria para tomar un cariz mucho más áspero.
Las capacidades de la recién nombrada ministra, con credenciales
brillantes en materia de comercio internacional e instituciones
multilaterales, están aún por testar. La tercera mujer que ha tomado el
mando en el Palacio de Santa Cruz tenía el precedente de una de sus dos
antecesoras, Ana Palacio, que dirigió con mano de hierro la última gran
crisis política entre Marruecos y España, la ocupación y posterior
liberación del islote de Perejil en 2002, el Iwo Jima un tanto cómico
con el que José María Aznar quiso y logró envolverse en la bandera roja y
gualda para deleite del patrioterismo español.
González
Laya tiene cosas de Ana Palacio, transmite solvencia y determinación, y
su actuación en la rueda de prensa con el ministro de Exteriores
marroquí fue correcta, precisa, metódica. Dejó claro que en este tema de
las aguas territoriales no hay lugar para los hechos consumados y pasó
por encima del conflicto del Sáhara Occidental, en el que la diplomacia
española hace años que optó por la vacuidad dialéctica y el pragmatismo
operativo, esto es: nos gustaría que hubiera acuerdo, pero sabemos que
no lo habrá y a la espera de una solución por agotamiento 45 años
después de la Marcha Verde creemos que lo mejor es mantener un statu quo
que favorece a Marruecos. Eso explica su afirmación más cuestionable:
que el reino alauí tiene derecho a reclamar la extensión de su mar
territorial. Pero suponiendo que fuera suyo, claro está.
La importancia de “las provincias del sur”.
Porque, por encima de todo, la reclamación de Marruecos tiene que ver
con su política interna, con la necesidad radical que tiene el país
vecino de asentar su control legal, además de efectivo, sobre los
territorios del Sáhara Occidental, vocablo prohibido en un Marruecos que
ha convertido a “las provincias del sur” en una cuestión nacional que
aglutina a todas sus corrientes políticas, desde la monarquía a los
islamistas, pasando por los nacionalistas y los tibios socialdemócratas.
Unos y otros saben que la pérdida de este control efectivo, vía
referéndum tutelado por Naciones Unidas y en el que saliera triunfante
la opción de la independencia, provocaría el colapso del régimen alauí
tal y como lo conocemos, porque la humillación resultaría demasiado
dolorosa.
Esta hipótesis, casi imposible a la vista
del posicionamiento de la comunidad internacional en las últimas
décadas, se contrapone al hastío que en Rabat produce la eternización
del conflicto saharaui y la persistencia de movimientos cívicos y
políticos que, sobre todo en Canarias y Andalucía, prestan asistencia
material a la República Árabe Saharaui Democrática, que además cuenta
con las simpatías y el altavoz proporcionado por Podemos, un partido que
ahora gobierna en España. De modo que la estrategia última de Marruecos
es la siguiente: vamos a reclamar el mar territorial del Sáhara, porque
si nos reconocen la condición de interlocutor en este campo, nos la
reconocen de modo implícito para el territorio de la antigua provincia
española. Es poco probable que funcione, pero tiene su lógica y las
palabras de la ministra Arancha González Laya parecen abrir cierto
espíritu de colaboración con esa estrategia. Porque no son las aguas:
interesa el Sáhara.