“Cuando nací, el Sahara Occidental era una colonia y España era una
dictadura”, compartía Gorka Urtaran Aguirre, alcalde de Vitoria-Gasteiz,
el pasado 27 de junio en Ginebra. En efecto, el Sáhara Occidental fue
una colonia española hasta 1975. Ese mismo año, España entregó el
territorio a Marruecos y Mauritania. En aquel momento, el ejército
español estaba abandonando definitivamente el territorio.1975 es
también el año de la Marcha Verde, cuando, el 7 de noviembre, 250.000
civiles marroquíes ingresan a las tierras de los saharauis. Tras estos
hechos se forma el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de
Saguia el Hamra y Río de Oro), un movimiento creado por la población de
la excolonia española para recuperar sus tierras. El
enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario duró hasta el cese
el fuego logrado por la ONU en 1991. Desde ese entonces Marruecos
gobierna el 80% de los territorios saharauis, recuperando el Frente
Polisario solo el 20% de los mismos. Una brecha, llamada "Muro de la
Vergüenza", de cinco km de ancho y unos 2720 km de largo, divide los dos
territorios del Sáhara Occidental.
“Hay un
incumplimiento flagrante de España con el pueblo saharaui así como con
la resolución de la ONU sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales
El cese al fuego logrado en 1991 por la ONU habría
debido servir para permitir un referéndum que en la actualidad todavía
no se ha llevado a cabo. Como resultado, la situación se estanca en
detrimento de las poblaciones indígenas. “Hay un incumplimiento
flagrante de España con el pueblo saharaui así como con la resolución de
la ONU [resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 14 de diciembre de 1960] sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales” declaraba Gorka Urtaran
ante el Consejo de Derechos Humanos. “El gobierno de España y de la
Unión Europea tienen que asumir la responsabilidad que tienen en la
resolución del conflicto”, señaló.Efectivamente, la resolución
1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales instaba a devolver a todas las colonias su
independencia. En ese sentido, el Sáhara Occidental sigue siendo
considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo que debe
ser descolonizado mediante el ejercicio del derecho a la
autodeterminación. La Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el
Sahara Occidental —MINURSO— fue creada con este propósito en 1991. Hace
algunos meses —entre diciembre de 2018 y marzo de 2019— después de años
de silencio, unas mesas redondas fueron organizadas en la sede de
Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, para decidir sobre el destino de
estos territorios, que viven en un limbo silencioso desde hace más de
cuatro décadas. Desafortunadamente, los últimos tentativos de la ONU de
llegar a una resolución del conflicto no fueron concluyentes y Horst
Kohler, Enviado Especial del Secretario General de la Organización de
Naciones Unidas, abandonó sus funciones a final del mes de mayo de este
año.
El estancamiento de la situación no afecta solamente a la
población saharaui que sigue obligada a vivir en los campamentos de
refugiados que se encuentran en Tindouf, al sur de Argelia, sino que
alcanza a todo el territorio saharaui.Los territorios gobernados
por el gobierno marroquí no se parecen mucho a los territorios
conservados por el Frente Polisario, ni tampoco al pedazo de desierto
árido dejado por Argelia a quienes huyeron de la guerra en los años 1970
y 1980. Son territorios, los ocupados por Marruecos, que tienen
fosfatos, petróleo, oro, y una de las pescas más importante a nivel
mundial.Empresas de 39 países diferentes explotan esos recursos,
aunque la resolución 1803 (XVII) de Naciones Unidas afirma que “la
violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre su
riqueza y recursos naturales es contraria al espíritu y los principios
de las Naciones Unidas y obstaculiza el desarrollo de la cooperación
internacional para la preservación de la paz”. Mahfud Mohamed
Lamin Bechri, del “International Institute for NonviolentAction”
(NOVACT), denunciaba en Ginebra que “hay una explotación de los recursos
en los territorios que viola las leyes internacionales. Hay una red
compleja de corrupción para seguir explotando esos recursos, aunque
legalmente eso no sería posible, y eso se hace bajo el consentimiento
silencioso de la Unión Europea”.“La mayoría de las empresas
extranjeras se camuflan abriendo pequeñas sedes ficticias en Marrakech,
con el fin de no recibir sanciones y explotar tranquilamente los
recursos naturales de la región del Sahara Occidental. Esas empresas
venden sus productos como si provinieran de Marruecos, una vez comprados
en Europa no podemos comprobar con precisión su origen”, relató Ahmed
Ettanji, periodista de
Equipe Media.
Marruecos es el primer país exportador de pescado para España
Numerosas
empresas del sector pesquero español, principalmente andaluzas,
canarias y gallegas, están muy ligadas al sector pesquero de los
territorios del Sáhara Occidental. Un informe realizado por el
Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo ha
recopilado los nombres de algunas de las empresas españolas involucradas
en este negocio, se trata de PULMAR, Canosa de Frigoríficos Camariñas,
Congelados del Estrecho, Grupo Conservas Garavilla, Mivisa.En
España existe una extensa red de empresas que importan materias primas
de la región del Sáhara Occidental para su comercialización y
distribución posterior. Entre ellas encontramos la Salgado Congelados
SL, Discefa, o Canosa, en Galicia; Viveros Merimar ubicada, en Palencia;
Angulas Aguinaga, en el País Vasco.Uno de los productos que más se importa es el
pulpo.
Desde Dajla 1.000 toneladas son importadas por la distribuidora Rosa de
los Vientos (que comercializa bajo la marca “O Pulpeiro”); 2.000
toneladas por Profand y 9.200 toneladas por Discefa.Esos pulpos
son vendidos a otras empresas mayoristas, grandes superficies o
supermercados donde los adquieren los consumidores españoles. El informe
cita, entre otros, a Makro, el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona. En
el Estado español se comercializa pescado del Sáhara Occidental, en su
mayoría falsamente etiquetado como de origen Marroquí.
En el Estado español se comercializa pescado del Sáhara Occidental, en
su mayoría falsamente etiquetado como de origen Marroquí
Según el Observatorio de Derechos Humanos, “el proceso y la
manera de operar que siguen estas empresas en la distribución de sus
productos es muy variado. Algunas de ellas disponen de sus propias
plantas de procesado en el país de origen, donde se manipula la materia
prima para su posterior distribución, como Salgado Congelados SL, que
disponen de plantas en Marruecos y también se encarga del proceso de
congelación para mantener la cadena de frío o el de la compañía
Frigoríficos de Camariñas que en 2017 anunció la apertura de una nueva
planta en Agadir (Marruecos)”. El último
acuerdo de pesca entre
la Unión Europea y Marruecos fue aprobado el 12 de febrero de este año
por el Parlamento Europeo. En él se incluye la región del Sáhara
Occidental. Sin embargo, el
Tribunal de Justicia
de la Unión Europea define muy bien en su sentencia C-266/16 que los
acuerdos de pesca son aplicables solamente a “las aguas bajo soberanía o
jurisdicción” del Reino de Marruecos. Según la sentencia del Tribunal y
en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar, “las aguas sobre
las que el Estado ribereño tiene derecho a ejercer su soberanía o
jurisdicción están limitadas a las adyacentes a su territorio y
comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva”. Entonces,
continua el Tribunal, “habida cuenta de que el territorio del Sáhara
Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las
aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no están
comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del Acuerdo de pesca”.
“La explotación de recursos naturales en un Territorio no Autónomo por
una potencia administradora sólo sería legales si se llevaran a cabo en
beneficio de la población de dicho territorio, en su nombre, o con el
consentimiento de sus representantes. Ninguno de los supuestos se da en
el caso del Sáhara”, denuncia por su parte el Observatorio de Derechos
Humanos y Empresas.