Las
motocicletas se esquivan como pueden en las calles abarrotadas de El
Aaiún nocturno. A orillas del océano Atlántico, la capital del Sahara
Occidental duerme hasta que cae la noche y baja la temperatura. El
bullicio que domina los restaurantes no se concibe por el día, cuando la
mayoría de adultos cumple con su jornada laboral. Sin embargo, existe
un grupo de ciudadanos que descansa por el día y se moviliza por la
noche. Las casas familiares en las que se dan cita se han convertido en
refugios contra las intervenciones policiales. Bajo techo y en la
clandestinidad, la comunidad saharaui se organiza para que su identidad
sobreviva a las vejaciones.
En 1975, Marruecos invadió la entonces provincia española con la
Marcha Verde y estalló una guerra sin cuartel contra el Frente
Polisario. La expansión, que incluía Ceuta y Melilla, se enmarcó en el
sueño del 'Gran Marruecos'. Los niveles de violencia siguen intactos en
la actualidad. Un combinado de torturas descabelladas, penas de cárcel
desorbitadas, prohibiciones de moverse libremente y el muro minado
convierten al Sahara en un correccional a cielo abierto.
Las organizaciones saharauis de derechos humanos combaten
pacíficamente por el referéndum de independencia. Una votación
reconocida por las Naciones Unidas y que fue prometida por España cuando
ejercía como potencia administradora de su entonces colonia. Los
colectivos están vigilados constantemente por las autoridades marroquíes
y la violencia es su herramienta para disuadir sus protestas o
asambleas. Sus acciones quieren evitar la censura. Denuncian la
brutalidad policial incluso ante agentes de la MINURSO, la Misión de
Naciones Unidas para el referendo.
El bloqueo mediático es total y ya se cuentan 19 españoles
expulsados del territorio en lo que va de año. Sus intenciones políticas
fueron la causa. Diez de ellos eran juristas que acudían como
observadores internacionales a diversos juicios que se desarrollaban
contra activistas locales. Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia
frecuentemente que Rabat obstaculiza deliberadamente el trabajo de los
periodistas. Consideran que informar en el Sahara es un inconveniente
crítico. Dos profesionales españolas fueron forzadas a abandonar El
Aaiún en los pasados meses de febrero y junio. Una muestra de la
inexistente libertad de prensa que padece el Sahara Occidental. Las
expulsiones suelen ser poco difundidas en los medios españoles, y
tampoco se aprecia interés por el seguimiento del conflicto.
Polizones en el Sahara
Patricia e Irati
inauguraron la serie de expulsiones a principios de enero. Fueron
acusadas de promover la independencia de la región. Les siguió el
jurista aragonés Luis Mangrane, interceptado tras aterrizar en El Aiaún y
a quien se prohibió la entrada por ser «una persona non grata para
Marruecos». Ni siquiera llegó a salir del aeropuerto.
En febrero, tres activistas navarros fueron expulsados tras
permanecer varios días en El Aaiún. María, Iratxo y Alberto, miembros de
la Asociación Navarra de Amigos del Sahara, conversaron con la
comunidad de forma clandestina durante su estancia. Su relato de la
expulsión coincide con el patrón habitual en estas circunstancias.
Fueron vigilados por la Policía y los servicios de inteligencia,
detenidos y agredidos durante los interrogatorios. Finalmente, viajaron
hasta la urbe marroquí más cercana, Agadir, donde nadie habla de la
represión y el turismo hace caja.
«Cada país tiene sus límites», sentenciaba un agente de Policía
con cigarrillo en la boca durante el interrogatorio a esta redactora,
quien fue expulsada semanas más tarde. Para los cuerpos de seguridad de
Rabat, reunir información política en el Sahara rompe todas las reglas.
En marzo, se siguió el mismo procedimiento con una joven gallega y en
abril se produjo la sexta salida forzosa. Se trataba de dos activistas
vascas que se habían reunido con militantes saharauis. Las personas con
las que se encontraron fueron golpeadas, según el medio local 'Equipe
Media'. A mediados de mayo les tocó el turno a cinco abogados españoles
que llegaron a El Aaiún para asistir al juicio de Nazha El Khalidi.
Fueron retenidos en el aeropuerto de la capital y después trasladados al
de Casablanca. Un mes más tarde expulsaron a Judith Prat,
fotoperiodista oscense premiada a escala internacional. La Policía
marroquí fue a buscarla dos horas después de recalar en la zona. De
nuevo en junio, tres observadores del Consejo General de la Abogacía
fueron obligados a volver a España nada más aterrizar.
El singular urbanismo de las casas saharauis suele sorprender al
viajero que las visita por vez primera. Las ventanas de los inmuebles
pueden contarse con los dedos de una mano y los muros de las azoteas
llegan a medir dos metros de alto sin apenas vanos. La comunidad sólo se
siente libre a cubierto, entre paredones de hormigón.
La región saharaui fue dividida de norte a sur con un muro
minado. Oculta entre 10 y 40 millones de minas terrestres, según la ONU.
Las costas, las ciudades principales y los yacimientos de fosfatos
quedan al oeste del muro, bajo poder marroquí. Al este se constituyó la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Una zona liberada, pero
yerma y desértica.
