Sergio Pascual | Pablo Bustinduy
El pasado mes de diciembre el emisario de las Naciones Unidas
Horst Köhler
convocó en Ginebra una ronda de conversaciones entre Marruecos y el
Frente Polisario. Eran las primeras conversaciones entre las partes en
los últimos 6 años; fuentes diplomáticas anticiparon el apoyo a Kohler
de los Estados Unidos, que vendría a sumarse al de Rusia,
dos miembros clave del Consejo de Seguridad. Las
siempre delicadas expectativas sobre un posible desbloqueo del proceso
de descolonización del Sáhara Occidental, inacabado y enquistado desde
1991, han vuelto por tanto a aparecer, y es importante preguntarse qué
puede hacer España para contribuir a que fructifiquen en todo lo que sea
posible.
Para ello, es fundamental comprender que esta oportunidad viene marcada
por el terremoto que supuso la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, el 27 de febrero del año pasado, sobre los acuerdos
pesqueros con Marruecos. En ella, el Tribunal no solo
confirma la adhesión de
la Unión al principio de descolonización, uno de los preceptos
constituyentes de la política internacional tal y como la conocemos
desde 1948, y el reconocimiento del Frente Polisario como representante
legítimo del pueblo saharaui. El más alto tribunal europeo también
establece doctrinalmente que los países miembros de la Unión, y la Unión
misma,
no pueden suscribir acuerdos con Marruecos que
involucren los recursos de un tercero, como viene sucediendo desde hace
cuatro décadas con la explotación de recursos del Sáhara Occidental a
manos de consorcios y emprendimientos europeo-marroquíes. Así, la
sentencia pone en primer plano el componente económico del conflicto y
la corresponsabilidad de las potencias europeas en su prolongación y en
el bloqueo político de sus soluciones.
Frente a la firmeza de los argumentos del alto tribunal, sin embargo, la
Comisión Europea, varios Estados miembros y el propio Parlamento
Europeo, que recientemente avaló la estrategia en
una votación vergonzante sin garantías
jurídicas suficientes, se han dedicado a la construcción de forzados
artilugios normativos con el único fin de eludir el fondo y el espíritu
de la sentencia. Esta actitud no solo añade al descrédito de las
instituciones europeas. Es del todo inaceptable, e incomprensible, que
España se haya sumado a ese camino de desobediencia. Cronifica el
descrédito de ser el único país del mundo que
ha abdicado de su rol como
potencia administradora. Cabe recordar que el hoy ministro del
Interior, en su etapa al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, recogió en un auto las responsabilidades
de iure que
corresponden a España en el proceso de descolonización inacabado del
Sáhara Occidental. Otro juez español, Pablo Ruz, llegó a tipificar como
genocidio
los crímenes cometidos entre 1975 y 1992
contra el pueblo saharaui. La defensa de los Derechos Humanos, cabe
recordar, es otro elemento básico de la arquitectura multipolar, que
presume principios compartidos y no negociables para nuestra política
exterior. Ni España ni la Unión Europea, que han firmado por ejemplo
cláusulas relativas al respeto de los derechos humanos en sus tratados
comerciales, deberían poder mirar hacia otro lado.
Y sin embargo, eso es exactamente lo que han hecho al negociar nuevos Acuerdos comerciales cuyo objetivo es
burlar los dictámenes de la justicia europea. No
es solo una cuestionable decisión moral: es una muy mala decisión
política, que fragiliza nuestra posición negociadora con terceros, nos
resta credibilidad y fuerza, y sigue alimentando un supuesto realismo
geopolítico que, lejos de reportar ventajas, ha supuesto un verdadero
lastre para nuestra posición en el mundo, nuestra influencia en la
región y nuestras relaciones de vecinazgo en las últimas décadas.
Es urgente por tanto, ante el desbloqueo de las conversaciones entre
Marruecos y el Frente Polisario, que España corrija el rumbo erróneo de
los últimos cuarenta años. Urge
respetar las sentencias de los tribunales europeos en
materia de descolonización y derechos humanos. Urge establecer
relaciones con el Gobierno de la RASD e iniciar negociaciones para
suscribir un acuerdo de pesca con el Frente Polisario que permita a
nuestros pescadores faenar con garantías de seguridad jurídica. Urge
reorientar nuestras relaciones con Marruecos hacia
un modelo de cooperación constructiva,
sólida y basada en el respeto y la confianza mutua, que pueda favorecer
el desarrollo de los intercambios económicos, culturales, educativos y
científicos entre nuestros pueblos por encima de la suspicacia y la
desconfianza. España debe apoyar este nuevo impulso del proceso de
negociaciones en curso poniendo como prioridad ineludible el respeto a
los derechos humanos y a las decisiones de la Justicia europea, y
ofreciendo a la vez
un nuevo marco de cooperación y colaboración en
el que nuestro país se implique sinceramente con todas las partes en la
búsqueda de una solución política basada en las resoluciones
internacionales. No solo es nuestra obligación: también es nuestro mayor
interés.
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Sergio Pascual es diputado de Podemos en el Congreso y Pablo Bustinduy es diputado y candidato de Podemos a las europeas de mayo.