Fotograma del cortometraje “Un agujero en el muro”
Fuente e imágenes: El Salto / Por Olatz Alonso
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El informe Una brecha en el
muro relata las violaciones de los derechos económicos, sociales y
culturales de la población saharaui en los territorios ocupados por
Marruecos
Lalia pasó todo su embarazo sin que le
hiciesen una ecografía. Dio a luz en un paritorio sucio, en el que para
entrar tuvo que pagar un soborno y del que salió sin su hijo porque,
según los médicos, nació muerto. A Omar le despidieron tras 27 años
trabajando en la misma empresa, durante los que nunca fue ascendido a un
puesto de responsabilidad. Takio se queja de que en la escuela las
instalaciones y el material están en mal estado, de que el sistema
responde a criterios políticos en vez de pedagógicos y de que los
estudiantes se enfrentan a una presencia policial constante en los
alrededores de los colegios.
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Lalia, Omar
y Takio son personajes ficticios, pero sus vivencias representan el día
a día de la población saharaui en el Sahara Occidental ocupado por
Marruecos. Una realidad recogida en el informe colectivo Una brecha en el muro y en el cortometraje Un agujero en el muro,
basado en el informe, que denuncian las violaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales que sufre el pueblo saharaui en los
territorios ocupados ilegalmente por el estado marroquí desde 1975.
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Fotograma del cortometraje “Un agujero en el muro”
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El estudio es fruto del trabajo conjunto
de la asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava, el grupo de
activistas y comunicadores de los territorios ocupados Equipe Media y
varios jóvenes universitarios del País Vasco. Una labor que comenzó en
un Laboratorio de Derechos Humanos y que tras seis años se ha
materializado en un informe y un cortometraje que buscan “mostrar la
situación de los saharauis en los territorios ocupados, demostrar que
sigue habiendo un pueblo que está viviendo bajo la represión y la
ocupación y apuntar a la necesidad de dar a conocer esa realidad y de
que haya una mayor investigación”, expone Raquel Calvo, técnica de
Comunicación y Educación de la asociación.La mayoría del territorio del
Sahara Occidental se encuentra desde 1975 bajo la ocupación ilegal de
Marruecos, un contexto en el que se vulneran múltiples derechos de la
población originaria, como el de autodeterminación, ya que aún no se ha
celebrado un referéndum, o el de administrar sus propios recursos
naturales. Todo ello con la connivencia de la comunidad internacional,
como cuando la Unión Europea se esfuerza por que los acuerdos
comerciales con la monarquía alauí incluyan los recursos del Sahara
Occidental, aunque esa decisión contravenga dos sentencias del Tribunal
de Justicia Europeo.
El Sahara Occidental es también conocido
como la última colonia de África. España no completó la descolonización,
por lo que Naciones Unidas considera al Sahara como un territorio no
autónomo, pendiente de que se concluya ese proceso. La República Árabe
Saharaui Democrática (RASD) y Marruecos reclaman la soberanía sobre el
territorio desde hace 43 años, en un conflicto aún sin solucionar, y que
podría encarar una nueva fase tras la celebración de nuevas
conversaciones entre ambos actores los día 5 y 6 de diciembre en
Ginebra.
TRABAJO, SANIDAD Y EDUCACIÓN
Una brecha en el muro pone
el foco en las vulneraciones de los derechos económicos, sociales y
culturales, los DESC, dada la necesidad de “revelar las violaciones
invisibles” a las que se enfrentan los saharauis, en palabras de Ahmend
Ettanji, miembro de Equipe Media. “Es importante para mostrar que los
saharauis no tienen garantizado ningún derecho fundamental”, añade. “En
relación al Sahara Occidental, la línea más trabajada han sido los
derechos civiles y políticos, especialmente tras el campamento de Gdeim
Izik, pero no se sabía nada de la vida diaria de los saharauis que viven
bajo la ocupación”, señala Calvo. Irene Escorihuela, directora del
Observatori DESC, subraya la importancia de los derechos económicos y
sociales ya que “son aquellos que permiten tener una vida digna y muchas
veces no se puede disfrutar de otros derechos si no se tienen los DESC
cubiertos”.Esta investigación analiza la situación de los derechos al
trabajo, la sanidad y la educación. “Representan tres pilares
fundamentales de la vida de las personas y, al mismo tiempo, daban la
posibilidad de trabajar otras vulneraciones de un modo transversal”,
explican Miren Ogando y Eneritz Chávarri, dos de las jóvenes que
participaron en el diseño del estudio y en las brigadas que, para
recabar información, viajaron durante 2015 a El Aaiún, capital de los
territorios ocupados.
El informe “revela una situación generalizada de
represión y de una labor intencionada del gobierno marroquí de disolver
la identidad saharaui
Calvo señala que el informe “revela una
situación generalizada de represión y de una labor intencionada del
gobierno marroquí de disolver la identidad saharaui”. Hassana Aalia,
activista saharaui por los derechos humanos y refugiado en el País
Vasco, coincide en que “todas estas violaciones son una estrategia
política creada por el ocupante marroquí”. Con la Marcha Verde de 1975,
en la que miles de civiles marroquíes se desplazaron a los territorios
saharauis, Marruecos puso en marcha una campaña de colonización y
marroquinización del Sahara Occidental que aún perdura.Tanto
Aalia como Ettanji conocen bien esos abusos, ya que ambos provienen de
los territorios ocupados. “Son el pan de cada día”, asegura Ettanji. “No
hay acceso libre a la educación, en la enseñanza hay muchas
manipulaciones, los estudiantes sufren discriminaciones, no hay
universidades ni academias… Si hablamos de derecho a la sanidad, aquí no
hay especialistas, en los hospitales se margina a los saharauis y la
gente muere debido a negligencias médicas”, añade. Las mujeres sufren
violencias específicas, como ataques sexistas, tocamientos o
humillaciones por vestir melfas, la vestimenta tradicional. Algunos
testimonios hacen referencia incluso a casos de extirpaciones de útero
sin consentimiento.
Los datos recabados por las y los
brigadistas durante la investigación señalan la existencia de una
violencia estructural en el ámbito laboral que “genera grandes bolsas de
población empobrecida que sirven como mano de obra barata”, mientras
los saharauis son excluidos de las industrias que expolian los recursos
naturales del territorio y de la administración pública.En
cuanto a la sanidad, desconfían de la atención médica debido al trato
inapropiado que reciben y a la falta de recursos humanos y materiales,
por lo que prefieren acudir antes a la medicina tradicional. Las
discriminaciones se reproducen también en el sistema educativo. A la
falta de instalaciones y materiales adecuados se le suman medidas que
aumentan la desigualdad, como que reciban peores calificaciones, que se
vean expuestos desde pequeños a la presencia policial alrededor de los
centros escolares o la ausencia de universidades en los territorios
ocupados. Todo ello enmarcado en un sistema educativo que busca fomentar
la cultura y visión marroquí y diluir la identidad saharaui.
NUEVA HERRAMIENTA
“Hasta ahora, estas violaciones no
estaban recogidas de una manera más o menos académica en ningún sitio”,
señala Ogando. Esa es una de las mayores virtudes de este informe.
“Desde el Frente Polisario siempre hemos denunciado estos abusos, pero
sin un documento que corroborase esas acusaciones todo se reducía a
nuestra palabra contra la de Marruecos”, expresa Abdulah Arabi, delegado
del Frente Polisario en Euskadi. “Para nosotros este informe es una
herramienta muy útil”, asegura.Muestra de ello es la acogida que tuvo en
la 43º conferencia europea de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui
(EUCOCO) en celebrada el 17 de noviembre en Madrid, a la que acudieron
Ogando y Chávarri, y tras la que la asociación ha recibido una petición
de llevar el informe a la próxima Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas que se celebrará en marzo en Ginebra. “Va a ser muy
importante porque hasta ahora, al no contar con investigaciones hechas
en el terreno, no habíamos podido presentar nada en relación a los DESC.
Ésta va a ser la primera vez”, ilustra Aalia, que participará en la
Comisión junto a más activistas de los territorios ocupados, de la
diáspora y de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.
Aunque no se trata de “una investigación
académica al uso porque no se daban las condiciones para desarrollarla”,
matiza Calvo, “el informe tiene todo el valor que tienen los
testimonios de
las personas que han participado en él”, cuya identidad han mantenido
en el anonimato por cuestiones de seguridad. “El conjunto da una imagen
de lo que ocurre”, apunta. Una realidad que contradice frontalmente lo
que defiende Marruecos. En el IV Informe Periódico de cumplimiento del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
presentó el estado en 2014 defendía que “desde 1976 Marruecos ha
empleado continuamente todos los medios a su alcance para restaurar los
derechos políticos, sociales, económicos y culturales despreciados por
la antigua potencia colonial”, es decir, España. “Marruecos vende que su
ocupación ha sido positiva, que hay desarrollo económico y el informe
viene a poner en tela de juicio esos planteamientos”, celebra Arabi.
CORTOMETRAJE
Además de poner en entredicho las
informaciones de Marruecos, el informe ha logrado superar el bloqueo
informativo que ejerce la potencia, que expulsa o impide la entrada a
observadores internacionales y persigue a los activistas. “Este trabajo
es una brecha, como su propio nombre indica, y un lugar desde el que
mirar lo que ocurre en los territorios ocupados. Evidentemente no ofrece
toda la realidad, pero es un primer acceso”, expone Calvo. Para
difundir aún más la situación, han producido un cortometraje de
animación, titulado
Un agujero en el muro ,
dirigido por Carlos Moure (Oyko Studio). Una manera diferente de
“generar interés” y de “llegar a gente que normalmente no está expuesta a
estas realidades”, confían sus impulsoras.
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