Por
Simón Rodríguez Porras
El 10 de diciembre se firmó en Marruecos el primer Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular. Luego de la aprobación sin
oposición en julio de este año de la iniciativa, una decena de gobiernos
encabezados por EEUU se opusieron al acuerdo, entre ellos el estado
colonial de Israel y gobiernos de derecha como los de Hungría, Polonia e
Italia, y en América Latina los gobiernos de Chile y República
Dominicana, alentados por la posición de Trump y acostumbrados al uso de
la xenofobia en la política interna.
La abierta oposición de esos gobiernos a reconocer en términos muy
generales que las personas migrantes tienen derechos humanos, el hecho
de que se negaran a asumir un compromiso formal contra el racismo y la
xenofobia, insistiendo en argumentos ultrarreaccionarios y falsos,
terminó dándole un relieve al pacto migratorio que por sí mismo no
habría tenido.
En el tímido y vago acuerdo de la ONU se evidencia que los gobiernos
capitalistas no tienen realmente la intención de adoptar medidas para
impedir que miles de migrantes sigan muriendo en el Mediterráneo,
asesinados por paramilitares en los estados del sur de EEUU, víctimas de
redes de tráfico de personas o de trata, esclavizados en fábricas o
haciendas, o confinados en campos de concentración por gobiernos que
criminalizan a los inmigrantes.
Sin percatarse de la ironía, representantes de la ONU insistían en que
el pacto no es vinculante al responder a los gobiernos racistas que lo
boicotearon. Efectivamente, nada en el pacto podría impedir que esos
gobiernos, aún firmándolo, prosigan sus políticas racistas y xenófobas.
Resulta ilustrativo en ese sentido que el pacto se firmara en Marruecos.
País bajo el yugo de una monarquía represiva, corrupta, cuyas políticas
económicas y sociales expulsan cada año a miles y miles de jóvenes y
trabajadores, que emigran huyendo de la opresión y la miseria a la que
el régimen los condena. Siendo un país por el que transitan también
numerosos migrantes del África subsahariana, la dictadura marroquí
perpetra redadas indiscriminadas y ataques policiales racistas contra
estos migrantes, sometiéndolos a todo tipo de vejaciones. El plan de
regularización de migrantes adoptado por Marruecos no ha supuesto el fin
de esta persecución en la que incluso se emplean dispositivos
paramilitares. La ominosa ocupación del Sahara Occidental y la opresión
colonial contra el pueblo saharaui, gran parte del cual vive desde hace
décadas en campamentos de refugiados, la brutal represión contra los
bereberes y el movimiento social del Rif, son todas credenciales de un
gobierno brutal y sanguinario, precisamente el anfitrión de la
conferencia en la que se firmó el pacto sobre migrantes. Un poderoso y
simbólico indicio de que se trata de un pacto para que nada cambie.