Entrevista a Abdeslam Omar Lahsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA

Entrevista a Abdeslam Omar Lahsen, presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis

¿Podrías comentarnos cómo nació la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y en qué consiste su trabajo?

AFAPREDESA nace el 20 de agosto de 1989 como respuesta cívica ante la grave situación que padecen los desaparecidos saharauis y los presos políticos, así como sus familiares. Por una parte, el pueblo saharaui sufría de una cruda opresión caracterizada por el genocidio, ya que las tropas de ocupación marroquí tenían como objetivo exterminar el pueblo saharaui con la finalidad de apoderarse del territorio saharaui.

Durante esa década, se habían iniciado las luchas por conocer el paradero de los desaparecidos, especialmente en América Latina azotada por una represión sin precedentes. Nos había llamado la atención la valentía de las Madres de Plaza de Mayo y su lucha para recuperar con vida los detenidos desaparecidos. Estas acciones iniciaron una extensa toma de conciencia del drama de las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esta iniciativa dio luz a un gran movimiento contra esta innoble práctica. Es el caso de la Federación Latino Americana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM). Rápidamente, estas luchas contaron con la solidaridad de la sociedad civil en Europa, y muy especialmente en España, dado los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen España y América Latina. Se destaca el papel de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) que nos apoyó en nuestros primeros pasos. Teníamos en aquel entonces fuertes pruebas de la existencia de cientos de desaparecidos encarcelados en centros clandestinos como Galaat Maguna, Agdez, ambos en la región turística marroquí de Ouarzazat. Algunos guardianes lograron sacar cartas de unos desaparecidos a sus familiares en el Aaiun. Es así como podemos tener la certeza que seguían vivos y conocíamos el lugar de su cautiverio.

Abdeslam Omar Lahsen, presidente de AFAPREDESA

AFAPREDESA se constituyó en 1989 en un contexto de enfrentamiento bélico entre ambos bandos, dos años antes de que se decretase el alto al fuego. ¿Cómo fueron los primeros años de vuestra lucha?

Efectivamente, las hostilidades armadas no habían terminado pero al mismo tiempo había muchas expectativas para que se logré la paz. Las Naciones Unidas junto a la Organización de la Unidad África habían hecho, en 1988, propuestas de paz que sirvieron de base del Plan de Arreglo que había sido adoptado posteriormente por el Consejo de Seguridad y aceptado por las dos partes del conflicto, el Reino de Marruecos y el Frente para la Liberacion de Saguia El Hamra y Rio de Oro (Frente Polisario). Una delegación del Frente Polisario fue recibida por el rey Hassan II en Marrakech, en febrero de 1989. El Polisario había liberado sin condiciones y por razones humanitarios a 200 presos de guerra marroquíes como muestra de su voluntad a lograr la paz. Sin embargo, Marruecos rechazó su repatriación. Además, cuando Naciones Unidas envió una Misión Técnica para evaluar in situ las modalidades de la puesta en aplicación de las Propuestas de Paz, Marruecos procedió a las detenciones de cientos de saharauis que se habían manifestado contra la ocupación. 70 de ellas iban a engrosar la larga lista de desaparecidos, entre estas destacadas defensoras de derechos humanos Minatu Haidar y Djimi El Ghalia. Han estado mantenido secuestrados en el Puesto de Comandancia de las Compañías Móviles de Intervención, instalado en un antiguo cuartel militar del Tercio, cerca del Cine las Dunas, en el corazón de la ciudad del Aaiún.

Al disponer de información fidedigna, AFAPREDESA procedió a la elaboración de una lista inicial de 896 desparecidos y de 1 detenido político, en la persona de Sidi Mohamed Dadach que paso 25 años de cárcel. Desde finales de 1989 y a lo largo de los años 1990 y 1991, se llevaron campañas de sensibilización en Europa, contando con el respaldo de Amnistía Internacional quien adaptó una Campaña Mundial para Conocer el paradero de los Desaparecidos Saharauis y de la Asociación Pro Derechos Humanos de España quien acogió en su sede a AFAPREDEA e emprendió numerosas acciones en prodefensa de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Uno de sus miembros, Eugenio Sanchez, piloto de oficio, sobrevoló los cielos de Madrid en una avioneta con una pancarta donde se podía leer “DONDE ESTAN LOS DESAPARECIDOS SAHARAUIS”. Esto en el mismo día en que el monarca marroquí Hasan II, estaba de visita oficial en Madrid. Desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Balears, se impulsó, a partir de 1990, la adopción simbólica de los desaparecidos saharauis bajo la dirección de Carmen Ribas. Esta acción se enmarcaba dentro de la Campaña Internacional para Conocer el Paradero de los Desparecidos Saharauis llevada a cabo por AFAPREDESA.

Carta postal que se envían a personalidades llamándoles a actuar ante las autoridades de ocupación para dar a conocer el paradero de los desaparecidos saharaui.

También hemos contado con apoyo en Francia donde había un gran movimiento contra los años de plomo, como se denominada el reinado de Hassan II. Estas movilizaciones dieron sus primeros frutos con la liberación de 322 sobrevivientes de los centros clandestinos marroquíes, en junio de 1991.

Después de la manifestación pacífica de Zemla (1970), fue detenido el líder del Movimiento de Vanguardia (movimiento predecesor del Frente Polisario) e icono del nacionalismo saharaui, Mohamed Sidi Brahim Basir (alias Basiri). Con tan solo 28 años Basiri desapareció semanas después de su detención en circunstancias nunca esclarecidas. ¿Qué nos podéis comentar al respecto?

Si bien España, como potencia administradora, tiene una indudable responsabilidad en todos los casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por Marruecos, es directamente intelectualmente y materialmente responsable de la desaparición forzada de Sidi Mohamed Sid Brahim Basir (alias Basiri). Su secuestro, el 18 de junio de 1970, se perpetró cuando aún España ejercía directamente la administración del territorio. Los hechos ocurrieron pocas horas de la brutal intervención del tercio español contra la manifestación de Zemla que reclamaba pacíficamente la autonomía dentro de España, como vía de transición hacia la independencia del Sáhara Español.

A pesar que han transcurrido 48 años de su secuestro, las autoridades españolas siguen sin dar información sobre el paradero del Sidi Mohamed Basiri. Las autoridades se esconden detrás de la denominado Ley de Amnistía de 1977, que perpetua la impunidad e impide las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. Por ello, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) exige del Gobierno Español derogar dicha Ley e inicié las correspondientes investigaciones sobre Sidi Mohamed Basiri y todas victimas de desapariciones forzadas y otros crimines de lesa humanidad perpetrados en el Sáhara Occidental. Después de 48 años de silencio y ocultamente, las autoridades españoles deben dar a conocer el paradero de Sidi Mohamed Basiri y apoyar a los familiares de desaparecidos saharauis en su lucha por conocer la verdad y obtener justicia. Derechos contemplados en los tratados y convenios de Derechos Humanos, firmados y ratificados por el Estado Español, muy particularmente la Convención para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas. 

Última fotografía de Mohamed Sidi Brahim Basir. Fue tomada tras su detención en 1975

¿Cuántos desaparecidos saharauis ha habido en las últimas décadas? ¿Existe algún censo?

A lo largo del conflicto, se han registro más de 4500 casos de víctimas directas de desapariciones forzadas, la mayoría temporalmente. Sin embargo, 322 de ellos permanecieron desparecidos durante periodos que oscilan entre 4 años y 16 años. Este Grupo fue liberado el 22 de junio de 1991, fruto de la presión internacional. Mientras más de 400 siguen desaparecidos, incluidos los que han sido reconocidos el informe sobre desapariciones forzadas publicado por el Consejo Consultivo de Derechos humanos de Marruecos, en diciembre 2010. En el caso del Sáhara Occidental, un porcentaje muy elevado de las víctimas directas han sido mujeres y niños. En las desapariciones temporales, cerca de un 30% de las víctimas que estuvieron detenidas desaparecidas en centros clandestinos de detención fueron mujeres y niños. De las víctimas liberadas en 1991 las mujeres constituyeron el 24,8%. Según la investigación “El Oasis de la Memoria: Memoria Histórica y Violaciones de Derechos en el Sáhara Occidental: Tomo I, II” realizada bajo la dirección del profesor Carlos Martin Beristaín, el porcentaje de desapariciones forzadas en el Sahara Occidental es el más alto a nivel mundial, superando incluso el porcentaje que se dio en Argentina.

En 1999, tras la intervención de James Baker, enviado personal de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, el Reino de Marruecos dio una respuesta a 207 casos presentados ante la ONU. Excepto su reconocimiento de la muerte de 43 casos probados por el testimonio de los sobrevivientes de Kalaat Magouna y Agdez, el Reino de Marruecos dio alegaciones totalmente falsas. Para la mayoría de los casos planteados, las autoridades de Marruecos afirmaron que las personas desaparecidas están establecidas en los campos de Tinduf, en Mauritania o en España. Para el resto, afirmaron que eran desconocidos o muertos durante las operaciones militares.

En 2004, el Reino de Marruecos creó la Equidad y Reconciliación (IER), responsable de la realización de investigaciones sobre las desapariciones forzadas y otras graves violaciones, desde la independencia de Marruecos hasta 1999, la muerte de Hassan II. Sin embargo IER no reveló ninguna información comprobada sobre la suerte que corrieron los cientos de casos de desaparecidos en el Sahara Occidental. Esta institución no permitió más que ofrecer algunas de las víctimas, una compensación económica y hacer recomendaciones sobre la impunidad y garantías de no repetición, que nunca fueron implementadas

En diciembre de 2010, el Consejo Real Consultivo para los Derechos Humanos (CCDH) de Marruecos emitió un informe “Sobre el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación Apéndice 1: la casos de desapariciones forzadas”. En dicho informe, el Reino de Marruecos reconoció la existencia de un total de 940 desaparecidos, incluyendo 638 saharauis entre los cuales 351 habrían muerto durante su detención, el resto han sido puesto en libertad. Aunque estas cifras están lejos de reflejar la realidad de las desapariciones forzadas en el Sahara Occidental y Marruecos, las autoridades reconocen que más de 2/3 de las víctimas son los saharauis.

Según el informe del CCDH, entre 351 personas desaparecidas fallecidas, 144 personas habrían muerto durante las batallas militares, sin especificar su identidad o las circunstancias exactas de las muertes y el resto de personas que habrían muerto durante su cautiverio o fueron ejecutados (115 personas habrían muerto en varios cuarteles militares, entre ellos 14 niños de 3 meses a 15 años y 11 mujeres, 43 personas en los centros de Agdez y Galaat Magouna, entre ellos dos mujeres, 23 personas en el Aaiún, en todos estos casos condiciones extremas de dolor a causa de un trato inhumano, como ha reconocido el propio informe y, probablemente, así como 13 personas en las ejecuciones después de una sentencia militar, sin reproducir …).

El informe de la CCDH se contenta con reconocer la muerte de estas personas, sin dar ninguna prueba de lo que dice. La terminología utilizada es vaga y no cumple con las expectativas de las familias. En la mayoría de los casos, el CCDH simplemente dice que la muerte se debió a “condiciones” o que “hay evidencia fuerte y consistente que murió durante la detención”. Las versiones proporcionadas por el ERC y/o la CCDH son estereotipados, fragmentado y no muestran ningún análisis específico para cada caso evitar hablar de las causas reales de la muerte o responsabilidades, que se atribuye la muerte a las “condiciones” sin ningún explicación sobre ello. La información es escasa y contradictoria. En muchos casos, entran en conflicto con los proporcionados por padres y testigos.

El informe reconoce que los autores de estos crímenes de guerra pertenecen a diversos cuerpos policiales y militares marroquíes, incluido el ejército, la gendarmería y las fuerzas auxiliares. Sin embargo, no se emprendieron investigaciones para enjuiciar a los responsables de las desapariciones forzadas.

El informe de la CCDH en 2010 declaró que trece desaparecidos saharauis han sido ejecutados por sentencia el Tribunal Militar de Marruecos el 19 de octubre de 1976. Sin embargo, el informe no ha reproducido dicha presunta sentencia. En enero de 2013, una solicitud conjunta de los familiares afectados fue presentada ante el Tribunal Militar de Rabat, para obtener copia de dicha sentencia por lo se alega la ejecución de los 13 desaparecidos. Esta solicitud fue rechazada. En abril de 2013, los familiares enviaron una solicitud similar al Consejo Nacional Marroquí de Derechos Humanos (CNDH). Lo que hace dudar de la veracidad de las alegaciones contenidas en el informe del CCDH.

El descubrimiento de dos fosas comunes en 2013 en Fadret Leguia y posteriores identificaciones de los cuerpos de 8 saharauis desaparecidos ponen en tela de juicio las respuestas contenidas en el informe de CCDH. De hecho, es evidente que dicha información es falsa, y en flagrante contradicción con la evidencia forense del equipo independiente de expertos de la Universidad del País Vasco. Sin pruebas contundentes, las familias de los desaparecidos siguen exigiendo el paradero de sus familiares queridos secuestrados por las fuerzas marroquíes en el Sahara Occidental.

Los ocho encontrado y su identificadas: Salma Sidi Daf SALEC (DIN español: A-4.525.013), Salma Bashir Daf (hijo), Sidahmed Segri Yumani (DNI español: A-3.136.048), Salama Mohamed Ali Sidahmed Elkarcha (DNI español B-1324045), Sidi SALEC Salma (hijo), Salma Mohamed Sidahmed (DNI español: A-3.509.018), Mohamed Moulud Mohamed Lamin (DNI español: A-4.520.032) y Mohamed Abdelahe Ramdan (DNI español: A 9.013.149). Todos tenían la nacionalidad española en el momento de los hechos y España siguió asumiendo la responsabilidad directa como potencia administradora.

La única reacción de las autoridades marroquíes en este descubrimiento se produjo la CNDH dijo que el 16 de septiembre de 2013, que “La CNDH desea hacer hincapié en su disposición a recibir ningún elemento formal para avanzar en el establecimiento de la verdad Del mismo modo, se pondrá en contacto con las familias de las ocho personas que se mencionan para recoger cualquier nuevo elemento de información, a condición de que la justicia marroquí puede ser aprovechada de forma permanente, de acuerdo con la legislación de Marruecos y el derecho internacional”. Después de cuatro años, no se estableció contacto con las familias o el enjuiciamiento de los autores de desapariciones forzadas.

El 9 de abril de 2015, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó Auto de procesamiento de 11 altos mandos marroquíes implicados en el Genocidio la Tortura contra el pueblo saharaui. Hasta la fecha, no se han logrado enjuiciar a los responsables debido a la falta de colaboración de las autoridades marroquíes así como la necesaria actuación del Gobierno Español.

¿Qué labor desarrolláis con los saharauis que permanecen en las cárceles? 

Nuestra primera labor es la condena de este tipo de detenciones que son considerados como crímenes de guerra, ya que se vulneran los Convenios de Ginebra que amparan los habitantes de cualquier territorio ocupado, como es el caso del Sahara Occidental. Las detenciones suelen efectuarse en el territorio ocupado y trasladados al territorio marroquí donde son juzgados por tribunales militares y/o civiles, violando varios disposiciones de los Convenios de Ginebra, muy particularmente el artículo 76 del IV Convenio de Ginebra que prohíbe el traslado fuera del territorio a las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. Además, en caso de inculpación, las personas protegidas deberán ser juzgadas en el país ocupado y según sus leyes, en este caso las leyes de la República Saharaui. Por otra parte, desde 1994, el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha vuelta a visitar a los presos políticos saharauis, lo que constituye una violación añadida de dichos Convenios ratificados por Marruecos. Más grave aún, los detenidos saharauis son sistemáticamente sometidos a tortura y malos tratos. En todos los casos, las acusaciones se basan exclusivamente sobre declaraciones obtenidas bajo tortura. De hecho, la propia Naciones Unidas han denunciado dichas prácticas, como es el caso del Comité Contra la Tortura, el Relator Especial Contra la Tortura, el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, así como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Todo ello como resultado de las denuncias de los Comités de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, las ONG saharauis e internacionales, como la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina Internacional para el Respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, entre otras.

La segunda labor es impulsar la solidaridad internacional con los presos políticos y sus familiares, tanto a la hora de la observación de los juicios como el apoyo a sus legítimas aspiraciones para la liberación inmediata e incondicional.

Y como tercera labor, AFAPREDESA hace un seguimiento constante de su situación a lo largo de su detención y las condiciones cárceles que padecen a diario.

Prisión Civil de El Aaiún, conocida como “la Cárcel negra”

¿En qué condiciones se hayan los presos saharauis? ¿Existen diferencias respecto al resto de presos? 

Son condiciones muy abominables. Los 59 presos están repartidos en 11 diferentes cárceles marroquíes, 10 de ellas se encuentran en el territorio marroquí. En estos siniestros lugares, se vulneran todos los derechos humanos, desde el simple derecho a visita de los familiares al derecho a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y el derecho a la asistencia médica pasando por derecho a recibir la visita de los delegados de la Potencia protectora y del Comité Internacional de la Cruz Roja, de conformidad con las disposiciones del artículo 143 de la IV Convención de Ginebra. Se vulneran también los derechos a no ser sometido a la tortura y los malos tratos.

En estas cárceles, se lleva a cabo un verdadero sistema de crueldad que tiene como objetivo atentar contra la dignidad de los presos e incluso atentar contra la vida. En la sola Cárcel de Ait Melloul, reputada ser la peor de Marruecos, han fallecido, desde 2013, ocho presos saharauis, todos como consecuencia de los malos tratos y la negligencia médica. Los responsables de estos asesinatos nunca fueron juzgados.

En general, los presos se encuentran traumatizados físicamente y psicológicamente por lo que han llevado numerosas huelgas de hambre sin que su situación se mejore un ápice.

Obviamente, existe una tremenda discriminación con respecto a los marroquíes, con la excepción de los presos políticos marroquíes que sufren igualmente de graves violaciones de sus derechos humanos. A menudo, los presos políticos saharauis son presentados como traidores y enemigos a la patria por lo que los presos marroquíes de derecho común sueles ser utilizados para atacar, insultar y amenazar constantemente a los saharauis. Los medios de prensa marroquíes colaboraron en dichas campañas de denigración.

¿En qué situación se hayan los integrantes del grupo de Gdeim Izik, encarcelados tras las protestas de noviembre de 2010?

Han pasado 8 años desde que fueron detenidos arbitrariamente los 19 presos políticos del Grupo de Gdeim Izik, que participaron una protesta pacífica que reunió más de 20.000 saharauis que reclaman sus derechos socioeconómicos, así como el derecho a la autodeterminación. El campamento de Gdeim Izik se inició el 10 de octubre de 2010 y permaneció hasta su desalojo por la fuerza. El 24 de octubre había sido abatido a manos del ejército, con armas de fuego, un niño de 14 años, Nayem El Garhi. Nunca se han llevado las correspondientes investigaciones y los autores del macabro asesinato nunca fueron inquietados. Este crimen, como todos los otros de lesa humanidad, permanece impune. Otros dos saharauis fueron asesinados durante el desalojo del campamento el 8 de noviembre de 2010 sin que sean perseguidos los responsables.

Asimismo, los 19 presos sufrieron tortura y graves violaciones de derechos, inclusive la violación sexual en la mayoría de los casos. Alegaciones que tampoco han sido debidamente investigadas. Las autoridades marroquíes orquestaran una farsa de proceso judicial, primero por la vía militar y posteriormente por lo civil, condenado a los presos saharauis a penas que van desde los 20 años a la cadena perpetua, sin ninguna prueba material excepto las declaraciones obtenidas bajo la tortura. Al igual que todos los presos políticos, sufren múltiples violaciones de derechos humanos. Durante todo el proceso, se llevó a cabo una campaña mediática calificando los presos saharauis como criminales y asesinos, antes incluso que los tribunales militares y civiles dicten las duras condenas.

Los presos de Gdeim Izik se encuentran actualmente repartidos en 7 cárceles lejos de 1200 Km de los territorios ocupados donde residen sus familiares. Siendo estos sometidos a hostigamientos y represalias. A título de ejemplo, Claude Maungin Asfari, esposa del preso saharaui Naama Asfari secuestrado el 7 de noviembre y condenando a 30 años de cárcel por hechos que habrían ocurrido durante el desalojo, lleva cerca de 3 años sin poder visitar su marido.

Activistas saharauis de Gdeim Izik, en un tribunal civil marroquí en diciembre de 2016. EFE

¿Cuál es vuestra labor con las familias de los desaparecidos o presos? ¿De qué modo se implican las familias con la asociación?

Nuestra labor con los familiares consiste principalmente informarles sobre los resultados de las búsquedas e investigaciones que realizados en cuando al paradero de los desaparecidos saharauis, haciéndolos participen cuando se descubren fosas comunes o cualquier indicio que pueda facilitar esclarecer la suerte de sus seres queridos. Al mismo tiempo, orientamos a los familiares ante los mecanismos de denuncia, como es el caso de los procedimientos especiales de la ONU. Facilitamos las comparecía de las víctimas o sus familiares ante los jueces en el proceso de la querella criminal por genocidio ante la Audiencia Nacional de España que AFAPREDESA había interpuesto en 2006 junto a otras organizaciones españolas. En la medida de nuestras posibilidades, presentamos apoyo material especialmente a algunas víctimas o sus familiares, siendo este objetivo, una tarea pendiente ya que las necesidades materiales y psicológicas de las víctimas y sus familiares son enormes, y sobrepasan los escasos recursos de los que dispone AFAPREDESA.

Por otro lado, los familiares, a pesar de la precariedad que padecen tanto aquellos que viven en los campamentos de refugiados como aquellos que residen en los territorios liberados de la República Saharaui o los territorios ocupados por Marruecos, siempre se han entregado y colaborando, de manera ejemplar, con todas las tareas y actividades de la Asociación.

Vuestro organismo ha sido proscrito por el gobierno marroquí, pero, aun así, seguís teniendo presencia y actuando dentro de los territorios ocupados. ¿Cómo es el trabajo bajo esas condiciones? ¿En qué se centra vuestro trabajo en dichos territorios?

Siendo una organización de familiares de víctimas, AFAPREDESA cuenta con numerosos miembros que residen en los territorios ocupados. Muchos de ellos no pueden declarar abiertamente su membresía a nuestra Asociación lo que nunca ha impedido la colaboración requerida para hacer avanzar sus respectivos expedientes. El trabajo no es fácil en dichas condiciones por lo que intentamos siempre cuidar con la máxima discreción posible los contactos con nuestros miembros. La tarea principal consiste en recabar informaciones sobre las violaciones de derechos humanos.

Para ir terminando, ¿qué futuro le ve a la causa saharaui y qué rol cree que pueden tomar desde la AFAPREDESA?

La causa saharaui es justa y el único futuro posible es su triunfo mediante el fin de la ocupación que ya ha durado 134 años. Si bien es cierto que preocupa la intransigencia del Reino de Marruecos, que cuenta con el aliento, la complacencia y el silencio cómplice de los gobiernos de España y Francia. Así como la colaboración descarada de la UE en el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental. Durante muchos años, los acuerdos entre Marruecos y la UE se han aplicado de facto. A pesar que el Tribunal de Justicia de la UE, del 21 de diciembre de 2016 y del 27 de febrero de 2018, sentenció en ambos casos que dichos Acuerdos no son aplicables al Sahara Occidental, por ser un territorio distinto y separado del Marruecos, la UE continúa aplicando de facto los acuerdos con Marruecos. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU está cada día más decidido a hacer avanzar el proceso de paz, prueba de ello es la próxima ronda de negociaciones que reunirá a las dos partes del conflicto y que llevaban paralizadas desde 2012. Además, la Unión Africana está muy implicada en hacer respetar su Carta Magna, firmada y ratificada por la República Saharaui y el Reino de Marruecos. Por otra parte, el trágico asesinato del periodista saudí Jamal Khajaggi está demostrando el límite del poder económico frente a la dignidad inherente a toda persona. Puede que, por fin, el discurso de occidente de apoyo a la promoción a democracia y el respeto de los derechos humanos deje ser un discurso para la consumación. Ello beneficiará indudablemente a todos los pueblos de la región. Desde Yemen, dónde urge poner fin a la cruel guerra, pasando por la pacificación del Sahel y el fin del anacronismo del colonialismo en el norte de África. Este es el camino más rápido de lograr la estabilidad en toda la región lo que repercutirá posiblemente sobre la inseguridad y los flujos migratorios.

AFAPREDESA, seguirá su labor de defensa y de promoción de los derechos humanos obrando al mismo tiempo para que las saharauis y los saharauis gocen plenamente de todos sus derechos. También obrará para crear puentes con el resto de la sociedad del Magreb (muy especialmente de Marruecos) para lograr y consolidar la Paz tan necesaria para el bienestar y el progreso de todos los pueblos de la región.