Por Iñigo Barandiaran
ES el nombre de un pozo junto a la aldea del mismo nombre, en pleno territorio liberado saharaui, cuyo significado es “agua dulce”. El único en 150 kilómetros. Si fuera licencia poética, podríamos relatar la visita al origen de la nación saharaui por lo explícito de un paisaje cuya existencia depende de ese elemento básico para la vida. Pero hoy es noticia por haber sido el escenario de la última conferencia extraordinaria de representantes del pueblo saharaui, del Frente Polisario.
El pasado día 11, y coincidiendo con su última sesión, hasta allí llegamos ocho diputados y diputadas del Congreso integrados en el Intergrupo de apoyo al Sahara para tener ocasión de compartir tiempo y comentarios, primero con el presidente de su Parlamento, luego con su primer ministro y finalmente con su presidente, Brahim Ghali. Todos hablaron sobre las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2018, reiterando otra de diciembre de 2016, que anula un convenio de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, precisamente porque señala que el territorio del Sahara no pertenece sino a los saharauis, y que la representación de los saharauis, para ese y otros fines, corresponde en exclusiva al Frente Polisario.
La esperanza, sin embargo, no estaba exenta de preocupación. Nada de lo negativo que allí ocurre sucedería de no contar con el aliento, en un caso, y la complicidad, en otro, de Francia y España. Y ese es el obstáculo para el que los dirigentes saharauis nos reclaman colaboración. Los intereses económicos y estratégicos de uno, y la indiferencia irresponsable de quien aún sigue obligado a su administración como expotencia colonizadora, aún parecen no asumir ni los hechos ni el derecho.
Y la pregunta que corresponde hacer ahora es si estos dos estados van a asumir las consecuencias de esa sentencia, que por de pronto reenvía el debate al reconocimiento de la capacidad de interlocución del Frente Polisario para cualquier acuerdo relativo a la explotación de recursos naturales en el Sahara y que les sitúa, además, ante el dilema de garantizar la seguridad jurídica de las personas jurídicas y privadas, nacionales de sus estados, ante cualquier actividad comercial o de explotación en aquella parte del planeta.
No es baladí en ese debate la pretensión marroquí de representar a una parte de los saharauis -y colonos- asentados en la parte ocupada de dicho territorio, aun cuando dicho intento ha sido abortado por la jurisprudencia europea de forma inequívoca y contundente. Por ello, y conociendo que se han producido ya contactos de empresas interesadas con el Frente Polisario a fin de obtener cobertura jurídica a sus hipotéticas actividades en el Sahara Occidental, cabe preguntarse cuál será la actitud de esos gobiernos, y en especial del español por su especial responsabilidad, de cara a facilitar dicho proceso.
Me preocupan muchas más cosas, también trascendentes, como la actitud de la legación española ante el Consejo de Seguridad por las repetidas violaciones de derechos fundamentales a la población saharaui. Pero hoy toca, con la misma importancia del agua dulce en el desierto, situar la decisión del pueblo sahauraui de ejercer el derecho a su libre determinación en un lugar prioritario de la agenda política de la Unión Europea y de los Estados que la componen, quienes debieran acatar de forma inmediata, también en beneficio de sus propios ciudadanos, las incuestionables consecuencias en derecho de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
