La derrota del poder
está ahí, en un contexto marcado por la profundización de la crisis social y la
política
Independientemente de cuál sea el régimen político, los vínculos de
dominación existentes se consiguen reproducir gracias a una combinación del
«monopolio de la violencia legítima» y de la producción de mecanismos de
«consentimiento». Para esto, son necesarias tanto la represión como la
interiorización de las «reglas del juego» ya establecidas. Las formas concretas
de esta combinación varían según el contexto político e histórico. En
Marruecos, las luchas de poder que siguieron a la independencia fueron
acompañadas de la construcción de un aparato represivo como principal punto de
apoyo material, la declaración de la monarquía como poder absoluto. No es anodino,
por cierto, que sea precisamente en la secuencia de los hechos que abarcan el
aplastamiento de las revueltas del Rif en Casablanca en 1958/1959, el momento
en el que se construye el ensamblaje político y de seguridad del régimen y el
derrocamiento de los vínculos entre las fuerzas políticas.
La monarquía, el verdadero protagonista y fundador, contaba con el dominio
precoz de aquello que les permitía tener poder real: el ejército. Durante esos
años de plomo, existe una arquitectura compleja de servicios gestionados por el
Ministerio de Interior, que constituirá el pivote de poder para la «gestión
cotidiana» de la estabilidad. Lo que ha cambiado, al final del reinado de
Hassan II, es haber adquirido consciencia de la necesidad de completar este
ensamblaje con la construcción de nuevas bases sociales y políticas de apoyo,
contar con un nuevo dispositivo de legitimación que permite contrarrestar las
aspiraciones de esas bases.
La «búsqueda de consentimiento» ha adquirido un lugar muy importante. Esta
se apoya en las mediaciones sociales y en políticas específicas: la
institucionalización de la oposición histórica, la construcción de una sociedad
civil oficial, la práctica de cooptación entre las élites intelectuales,
mediáticas y asociativas, una estrategia de comunicación dirigida hacia la
transición democrática y los beneficios de aplazarla y una economía de renta
desplegada y completada de nuevo por múltiples formas de clientelismo público y
privado. La «fachada democrática» permitía tener relaciones a todos los niveles
y «temporizar» las necesidades que emergían de la sociedad. Las estrategias
represivas han acompañado estos nuevos procesos de despliegue como modo de
legitimación.
¿Una represión justa?
En lugar de una política de enfrentamientos brutal y frontal con el uso de
barracas clandestinas, centros de tortura especializados, desapariciones
forzadas, la cadena perpetua o la pena de muerte, un aplastamiento armado de
las revueltas populares, el poder se ha aficionado a construir nuevas
trincheras, diques, zonas de armotiguación, en una guerra de posición dirigida
a mantener el orden social, favoreciendo una política de desgaste frente a las
contestaciones reales o potenciales. Se encarga de neutralizar las
reivindicaciones tiñendo una parte de sus actores-actrices, aislando las luchas
abortando todas las posibilidades de extenderse y enraizarse, fragmentando el
campo social y sindical, marginalizando y encuadrando la acción política. En
resumen, haciendo difícil la emergencia o el mantenimiento de movimientos
autónomos de masas en un escenario vacío de diálogo social hasta el agotamiento
de sus capacidades de lucha.
Esta estrategia de desgaste es compatible con una autorización (bajo
vigilancia) del uso del espacio público por los contestatarios. Pero este
desgaste está sometido a condiciones explícitas o implícitas: no se pueden
ocupar lugares, no se pueden dirigir las acciones hacia las masas populares, no
se puede prolongar las luchas, no se pueden hacer reivindicaciones que sean
susceptibles de alterar los fundamentos del orden o que sobrepasen el carácter
específico y sectorial de la lucha, ni tampoco se permite la unión entre
sectores que estén combatiendo.
La denuncia democrática abre un espacio de banalización de los
enfrentamientos en formas que no permiten una acumulación alargada de las
fuerzas de protesta, ni la inauguración de prácticas de lucha que pueden tener
un impacto mediático, político, social y económico, perjudicial a los intereses
(tanto largo como a corto plazo) de los que dominan.
En esta nueva configuración, la represión conoce un proceso de ajuste en
todas sus modalidades e intensidades. Es preventiva y selectiva en un escenario
conocido: la utilización de balizas y herramientas de guerra, aparentemente de
baja intensidad: dispersión, el arresto de líderes, el uso de gas lacrimógenos,
la justificación de la represión por la ley y la construcción del acto
represivo como un hecho diverso, la inculpación bajo motivos apolíticos, etc.
Con más objetivos:
-Reorientar la dinámica de la lucha esencialmente hacia la exigencia de la
liberación de los detenidos /as en un proceso de gran desgaste y recuperando
las reivindicaciones iniciales.
-Reafirmar que la «tolerancia» no equivale al «reconocimiento», que en el
fondo no hay derechos democráticos inscritos en la vida pública.
-Mantener las condiciones de aislamiento de la movilización e imponer a
través de la restricción pública formas de actuar, sin impacto sobre la
compenetración de las fuerzas.
-Hacer difícil las conexiones que solo se pueden construir a lo largo del
tiempo, entre las movilizaciones sociales y los actores militantes.
Desanimar o hacer difícil toda forma
de solidaridad activa y duradera
No se trata por tanto de una voluntad de acabar con la oposición a través de
una guerra relámpago, sino de sofocarla y agotarla, manteniendo siempre la
vitrina democrática. Esa represión selectiva y preventiva, dirigida a contener
el espacio político de las protestas incluso cuando estas no suponen amenazas
directas o significativas. Además, el estrangulamiento del periodismo
independiente o el aprisionamiento de artistas no se debe a los efectos
inmediatos, bastante restringidos, de sus escritos y/o palabras, sino por
mencionar de nuevo las «líneas rojas» que se encuentran en el núcleo del orden establecido.
Estos recordatorios deben inscribirse dentro de la gestión cotidiana de la
compenetración social y del territorio. Se trata de darle tregua a las
posibilidades de un espacio público autónomo, donde se reafirman las exigencias
sociales, democráticas y culturales que remodelan la consciencia colectiva de
los sectores sociales y populares.
El poder no puede aceptar la afirmación de una ciudadanía activa cuya lucha
por sus derechos se vuelva legítima, donde se afirman vínculos a una autoridad
diferente de la considerada leal. No se pueden aceptar que los procesos
sociales o «de base» forjen una voluntad propia y una consciencia de su propia
existencia política. Pero todo mientras se mantiene la ficción de la fachada
democrática para mantener/renovar sus bases de apoyo internas y sus alianzas
internacionales. Los reajustes de las estrategias represivas ha demostrado su
eficacia a través del M20F: políticas de contención y canalización de las
protestas de manera gestionable por el sistema, represiones concretas,
dinámicas y que buscan determinar los límites, sin llegar a un nivel de
enfrentamiento global y directo. La represión buscaba prevenir que las
posibilidades de protesta evolucionen hacia una actividad cotidiana y consiga
asegurar un repertorio de acción tradicional (manifestaciones, sentadas) sin
efecto sobre la compenetración de las fuerzas .
Innovaciones de seguridad
Este reajuste ha sido entendido por
algunos como un indicio de un proceso democrático real, a pesar de inacabado,
en el que la liberalización parcial y contradictoria participa a la
construcción de nuevos dispositivos hegemónicos de poder. No hay una apertura
democrática, sino una liberalización autoritaria que reconfigura parcialmente
los vínculos entre el uso de la fuerza material y la producción de
consentimiento. Este reajuste presenta en sí mismo límites importantes: la
práctica de tortura que no se ha reconocido oficialmente y que continúa
mantenida, las movilizaciones de los saharauis que se integran a esas
respuestas sistemáticas de seguridad, los arrestos arbitrarios en nombre de la
lucha contra el terrorismo, etc.
La represión mantenía también un trato de carácter estructural para las
movilizaciones no convencionales, y en particular las luchas extraurbanas y
periféricas. Sin hacer aquí una larga lista, nos podemos acordar de Sidi Ifni,
de Chlihat, Imider, Séfrou, Zagora, Tata, y de las operaciones de expropiación
de vivienda. Más concretamente, los sectores menos organizados de clases
populares, o los que están más lejos de las redes de militancia tradicionales,
las movilizaciones en sitios vinculados directamente a los intereses del poder
(Imider ), las configuraciones marcadas por un conjunto de reivindicaciones que
sobrepasan el motivo inicial de la lucha y se apoyan en las formas de
unidad/acción popular (Sidi ifni ), o incluso en los lugares marcados por un
«contencioso histórico» (en el Rif), han hecho gala de una represión directa y
global. No por ello se han militarizado (más que con el objetivo de demostrar
su fuerza).
Dicho de otra manera, más allá del encarcelamiento de los actores
políticamente organizados, asociativos o mediáticos que no entran dentro del
juego, puede ser una estrategia activa global que busca adaptar el aparato
represivo a las nuevas formas de movilizaciones sociales que están teniendo
lugar. Precisamente estas han sido probadas y puestas en práctica en muchos
escenarios:
La coordinación funcional de los diferentes servicios en el marco de las
operaciones globales. Además de Sidi Ifni, hemos podido ver la combinación de
fuerzas armadas y de los cuerpos de represión tradicionales actuar
concertadamente a través de un proceso de cercamiento de la ciudad y
rastrillado a gran escala.
La puesta en marcha de antemano de técnicas de intervención que buscan
fragmentar el espacio de protesta, incluso dejarlo irrealizable sobre el
terreno, ocupando no solo los puntos neurálgicos de la circulación o las
grandes avenidas, sino también los puntos periféricos. O como el cercamiento
geográfico en check points con balizas en los barrios y en las rotondas. La
aplicación de la técnica de la nasa en caso de un encuentro o una manifestación
en masa.
La puesta en marcha de antemano de una política de intimidación, al mismo
tiempo específica y anónima: penetración en los hogares, secuestros no
declarados, mantenimiento de una política de arrestos precisa (que busca a los
activistas reconocidos) y arbitraria, tocando todas las categorías de la
población, menores incluidos.
Estos diferentes elementos permiten combinar la represión colectiva (de las
masas) y específica (de personas concretas), además de desestructurar el
movimiento de manera ascendente mediante el arresto de su cuadro organizativo,
golpeando su base y la capacidad de expresión en el espacio. Esta estrategia indica
la capacidad del Estado para modular el nivel de enfrentamiento a través de los
espacios físicos de conflicto (pequeñas y grandes ciudades, barrios
periféricos, zonas montañosas, centros urbanos importantes…), las fuerzas
sociales preocupadas ( los habitantes de los barrios, los movimientos dentro de
las empresas, la población marginal y movimientos, tanto los espontáneos como
los que no). Existe la elaboración de una estrategia capaz de enfrentare a los
diferentes niveles/lugares de protesta así como la capacidad de intervención
desde lo más elemental hasta lo más complejo.
Este nuevo acercamiento de seguridad descansa sobre una gama de medios
materiales y sobre una multitud de servicios especializados pero coordinados.
No existe ninguna duda de que la reestructuración de los servicios represivos,
la innovación desde cualquiera de sus formas de intervención, la planificación
de su acción y la modernización su equipamiento han ido acompañados por
servicios dedicados a la cooperación en seguridad del Estado francés.
Por debajo de la punta del iceberg ( el sustento diplomático, los intereses
económicos, la connivencia de las élites, los entresijos geopolíticos) existen
modalidades concretas que permiten a los poderes imperialistas asumir una parte
activa en la gestión de la guerra social cotidiana de sus aliados. Y no
solamente en los grandes momentos de crisis. El poder puede encontrar recursos
igualmente en las agencias privadas o públicas especializadas en el «mercado de
la seguridad». [1]
La represión actual en el Rif
La crisis de la fachada democrática hace que el poder real se enfrente a los
movimientos populares: las mediaciones endémicas ya no son una medida de
canalizar las luchas, mientras que la profundización de la crisis social genera
luchas y reivindicaciones múltiples. La posible conexión de la crisis social y
política constituye el desafío más serio que tiene el poder. La movilización
del Rif, más allá del contencioso histórico que lo alimenta, es un ejemplo
claro de los procesos subyacentes y de las profundas contradicciones que
atraviesan la sociedad. Pero también supone el anuncio de un cambio de ciclo en
las luchas políticas y sociales. Puesto que aquello que se afirma es inédito e
imprevisto dentro de las estrategias de disuasión del poder: la capacidad de
una lucha que aglutine en su duración a diferentes estratos sociales en torno a
reivindicaciones concretas, renegando por completo las reglas y mecanismos de
neutralización del poder.
El poder no se puede permitir la emergencia de nuevas generaciones de lucha
que tengan exigencias globales, desafiando explícitamente (o no) las bases de
legitimación del Estado: rechazando las acciones de los actores de la fachada,
el uso político que hacen los que comandan las comunidades de feligreses, los mecánicos
del pseudo-diálogo social y las promesas, la centralización autoritaria que
niegan las identidades específicas, la normalización de la represión. Una nueva
generación que se erige además como actor independiente y que no reconoce
ninguna tutela o cuadro, que facilita su cooptación y las políticas de división
buscando debilitarlo. Y cuyo hecho esencial no se sitúa en filiación con la
oposición tradicional y sus referentes ideológicos ( socialista, islamista,
democrático-liberal) que el poder ya ha visto y ha combatido.
El nivel de represión es una promesa de debilidad y de crisis en la
capacidad del Estado para obtener un consenso hegemónico sobre su política
global. Cabe señalar sin embargo que la política represiva debe considerarse
como un todo. El uso de la fuerza puede tener vínculos con la consagración de
la impunidad de sus actores y de aquellos que dan las órdenes. Esta impunidad
se consagra enteramente por la justicia sometida a las exigencias de la
represión estatal. La represión policial y judicial son las dos caras de un
mismo proceso de afirmación de la autoridad del estado. Esta se prolonga por
una represión penitenciaria cuyos entresijos no son solamente castigar sino
también eliminar toda voluntad de lucha ejerciendo una demostración pública de
que nadie puede oponerse al estado. Los que hacen huelga de hambre y proclaman
«la muerte antes que la humillación» proclaman la verdad del estado.
Impermeable ante las aspiraciones más elementales de la población y que tiene
como única política el «Than Mou». Hace falta integrar igualmente la guerra
ideológica que acompaña la criminalización de los movimientos sociales,
desarrollando un «enemigo interior» con el fin de dividir las clases populares,
poner en duda la sinceridad de esas reivindicaciones, desnaturalizarlas y
aislar al movimiento en sí mismo. Eso por no hablar de las estrategias de
difamación de cara a los activistas.
Está por tanto bien enfrentado a un aparato político, institucional,
ideológico y represivo muy compacto y articulado al que se enfrentan las
luchas. Pero la paradoja de la estrategia represiva es doble. Si esta puede
obtener sus objetivos de manera coyuntural, como puede ser mediante el
debilitamiento, desactivar o eliminar una protesta, o hacer más difícil su
propia expresión, esto aumenta al mismo tiempo el rechazo y la desconfianza
hacia las instituciones y hacia el poder actual. Una política que rechaza tener
en cuenta, aunque sea de manera particular, las aspiraciones y reivindicaciones
concretas de los sectores populares y sus fuerzas de oposición solo puede
suscitar un rechazo todavía más profundo. Aquí está la paradoja: la represión
global y permanente que busca reestablecer la autoridad del estado acrecienta
los procesos de ruptura política a través de esa misma autoridad.
Cortafuegos ineficaces
El poder altera y enciende los cortafuegos. Anuncia la constatación de la
debilidad de la clase política y las mediaciones, además de los modelos de
desarrollo. Remite a esta situación a una falta de transparencia, a la falta de
aplicación del principio de la rendición de cuentas, a la incompetencia y la
disfunción del aparato administrativo. Situación que pesa sobre la puesta en
marcha de esas políticas que aseguran el desarrollo y la respuesta a los
problemas sociales. El Jefe de Estado se aferra a su propio estado como si se
tratara de un actor independiente.
Esta postura bonapartista que busca ocuparse de la gente por debajo de las
instituciones legales y de los cuerpos (mal) elegidos da a luz a un ratón: las
comisiones de los sondeos, el remanente del poder político. Se trata de un
mismo movimiento para quitarle responsabilidad al poder absoluto de una
monarquía ejecutiva, de reducir la cuestión social a un problema de gestión
ética y de competencias de personal, de negar la realidad estructural de la
violencia del Estado, siendo la represión solamente una sanción que pasa por
encima de la ley y sobre la cual no se puede intervenir, porque la justicia es
«independiente».
Este punto de fuga, más allá de su demagogia, aparece como la expresión de
un espacio estratégico en el que los discursos de legitimación ya no ofrecen
movilizadores significativos. Sr trata solamente de repetir el mito sobre el
cual la monarquía busca «lo mejor para Su gente» pero cuyo entorno y personal y
cuerpos intermediarios no se encuentra a la altura. Este mito, si bien ha
podido funcionar parcialmente durante un tiempo, no puede contener la realidad
de la crisis y de las políticas ejercidas, imbuídas en sus sistema de
depredación y corrupción institucionalizada y subordinada a un modelo de
desarrollo marcado por la acumulación desigual de la riqueza y del liberalismo
salvaje. Ni hay uqe obviar el hecho que es el rey el primero de los poderes.
El problema va más allá de la cuestión del Rif como ejemplo y testigo de la
gestión en materia de seguridad del conjunto de resistencias, así como que
permite recordar las revueltas de los habitantes de Zagora contra la penuria en
torno al agua potable para beneficio del agro-negocio de exportación y de los
terrenos de golf. Este es el conjunto de un sistema que vulnera los límites de
su regulación y de la autoreproducción. La derrota del poder, cualquiera que
sea el resultado de la confrontación actual, está ahí, en un contexto marcado
por la profundización de la crisis social y la política. El Rif marca un punto
de no retorno: demuestra que el poder no puede reformarse ni desde el interior
ni desde el exterior, que sus recursos de legitimación ya no son suficientes
para ponerle una tirta a las urgencias sociales y democráticas. Nada como esto
para ejemplificar la crisis hegemónica del bloque dominante.
El fin del reinado ha comenzado.
europe-solidaire.org. Traducción:
Francisco Rebollo para Sinpermiso
Texto completo en:
https://www.lahaine.org/marruecos-politicas-represivas-y-el