Alfonso Lafarga.- El presidente del Gobierno español, Mariano
Rajoy, pidió el 18 de noviembre de 2017 la liberación de las personas
que sufren
privación de libertad por sus ideas y actividades políticas; los
presos políticos según establece la Resolución 1900 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2012.
Lo hizo con motivo de la entrevista que mantuvo con al exalcalde de
Caracas Antonio Ledezma, al que expresó su compromiso con una solución
plenamente democrática para Venezuela, que “necesariamente” pasa por la
liberación de los presos políticos y la convocatoria de elecciones.
No es la primera vez que Rajoy exige la libertad de los presos
políticos venezolanos: lo expresó el 1 de agosto de este año, cuando
manifestó que “la paz, la democracia y la libertad de los presos
políticos han de ser inquebrantables”; el 28 de julio, al señalar que
el Gobierno de España está por la liberación de los presos políticos, en
contra de la violencia, a favor del derecho de manifestación y de unas
elecciones que den la palabra al pueblo; el 8 de julio, en Hamburgo,
después de la clausura del G-20; el 16 de febrero, al cumplirse tres
años del encarcelamiento del opositor venezolano Leopoldo López…
Y otras muchas más. Es el perseverante compromiso del Gobierno de
Rajoy con los presos políticos venezolanos, la misma constancia con la
que
ignora a los presos políticos saharauis,
habitantes de un territorio que España no descolonizó y entregó a
Marruecos, régimen que se niega a realizar el referéndum de
autodeterminación al que se comprometió con el Frente Polisario bajo el
amparo de la ONU.
Precisamente en noviembre se celebraron en el Parlamento Europeo las
jornadas “Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”, en
las que se ha puesto de manifiesto
la extrema situación en
que se encuentran los presos políticos saharauis, en especial los del
grupo de Gdeim Izik, que fueron condenados a penas de 20 años de cárcel a
cadena perpetua en un juicio denunciado por sus múltiples
irregularidades y sobre el que el Gobierno de Rajoy no dijo
ni palabra.
La eurodiputada de Izquierda Unida
Paloma López pidió que Marruecos permita a la
Cruz Roja Internacional
visitar a los 19 presos de Gdeim Izik que permanecen en prisión, como
han solicitado numerosas organizaciones internacionales, así como su
reagrupamiento ya que fueron
dispersados por diferentes
cárceles marroquíes, en algunos casos a 1.300 kilómetros de distancia
de sus familias. Citó el caso del preso Naama Asfari, por el que
Marruecos fue condenado
en diciembre de 2016 por el Comité contra la Tortura de la ONU y a
cuya esposa, Claude Mangin, de nacionalidad francesa, no se le permite
viajar a Marruecos; el 20 de octubre fue a visitar a su marido y fue
expulsada de Rabat.
Si las alusiones del presidente del Gobierno de España a los presos
políticos (venezolanos) son continuas, también lo son las referencias a
la defensa de los Derechos Humanos. Rajoy se comprometió a defender los
DDHH con motivo de la presencia de España en el Consejo de Seguridad en
los años 2015 y 2016, protección que es “una de las
prioridades fundamentales
de la política exterior española”, según expone la página web del
ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pero esto parece
tener
una excepción cuando se trata del Sáhara Occidental.
En lo que respecta a los presos políticos saharauis , el presidente Rajoy sigue
“sin enterarse de lo que ocurre”, que es como define la Real Academia de la Lengua (RAE) la coloquial locución adverbial estar
“en el limbo”.
La siguiente es una relación de hechos ocurridos en noviembre de 2015
en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí y cárceles de
Marruecos con presos políticos saharauis , según datos de organizaciones
de Derechos Humanos y medios de información saharauis, tanto oficiales
como independientes:
NOVIEMBRE SAHARAUI 2017