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Experto: España elude su responsabilidad en el Sáhara Occidental

MADRID (Sputnik) — España prioriza sus relaciones económicas con Marruecos al ejercicio de sus obligaciones como potencia administradora del Sáhara Occidental, opinó en declaraciones a Sputnik la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López.

"Las relaciones económicas y los diversos intereses que tiene con el Reino de Marruecos están haciendo que se esté desentendiendo de lo que es su obligación como potencia administradora con el Sáhara Occidental", afirmó la eurodiputada española.

A su modo de ver, España debería apoyar en las Naciones Unidas la celebración de un referéndum para resolver la situación del pueblo saharaui y poner fin a la "ocupación" marroquí.
López considera que el silencio del Gobierno español sobre las irregularidades en el juicio que Marruecos está llevando a cabo contra los 24 activistas saharauis acusados de matar a 11 policías durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en 2010 es sólo un episodio más en su intento por "desligarse" de "lo que está sucediendo allí".
Del mismo modo, esta diputada considera que la Unión Europea debería "dejar de velar por los intereses económicos de Marruecos" y centrar sus esfuerzos en "velar por los intereses de las personas saharauis".
"La presión que hace el lobby marroquí en la propia Unión Europea es muy fuerte y lamentablemente Federica Mogherini (la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad) no está actuando como le corresponde, que es hacer cumplir la legalidad internacional", insiste.
Según López, que es la vicepresidenta del Intergrupo del Sáhara Occidental de la Eurocámara, Marruecos "está esquilmando los recursos del Sáhara Occidental en contra de la voluntad de la población saharaui".
"Aquí hay un interés de carácter comercial y la Unión Europea debería, de entrada, romper cualquier tipo de tratado comercial con Marruecos", prosigue la eurodiputada.
En opinión de López esta suspensión debería estar presente hasta que Marruecos decida "respetar los derechos humanos y la legalidad internacional" y, sobre todo, hasta que los saharauis puedan decidir su futuro político mediante un referéndum.

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