Arenas saharianas: desaparecidos

JL Navazo / Tetuán./ El controvertido asunto del Sáhara Occidental, las “Provincias del Sur” unilateralmente anexionadas por Rabat tras el operativo de la Marcha Verde (Al Massira Jadra) lanzada en 1975 y que desencadenaría una cruenta guerra hasta el alto el fuego de 1991, sigue generando una gran polémica, ésta vez dentro del propio Reino de Marruecos. 

Si hace años ex militares marroquíes veteranos del Sáhara se manifestaban, e incluso vivaqueaban, delante del Parlamento en Rabat, llamando la atención públicamente sobre el desamparo social en que vivían, recientemente la denominada Asociación Nacional de Mártires y Desaparecidos del Sáhara Marroquí habría dirigido un documento al actual jefe de Gobierno, el doctor Saâd Eddine El Othmani (PJD), recabando su actuación ante las inexplicablemente difíciles condiciones de vida de muchos ex militares y sus familias, solicitando ayudas específicas para vivienda, cobertura médica y atención a los huérfanos, amén de clamar una vez más por la suerte de soldados desaparecidos durante la guerra.
Parece de interés añadir que, bajo el reinado de Hassan II, los militares de las FAR (Fuerzas Armadas Reales) presos del Frente Polisario simplemente no existían. Fue el entonces heredero del Trono Alauí, el joven soberano Mohamed VI, quien empezó a interesarse por su suerte. Varios presidentes españoles, entre ellos José María Aznar, intercedieron ante las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) logrando la liberación de decenas de soldados y oficiales marroquíes presos en Tinduf bajo la custodia del Frente Polisario.
Por lo demás es un hecho que la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), lanzada por el Neomajzén de Mohamed VI a fin de reconciliar al pueblo con la Monarquía y superar la ominosa etapa de los “Años del Plomo”, ha fracasado en dos aspectos: uno en el Rif, donde sigue agitándose una insurgencia pacífica y otro en las relaciones de Marruecos con el pueblo saharaui pues según fuentes oficiosas contrastadas hace años en Rabat por este escribano del limes, durante la época de Hassán II habrían sido muertos y desaparecidos unos 600 militantes saharauis. Algunos de ellos, según ha podido saber CORREO DIPLOMÁTICO, estarían enterrados en una fosa común sita en los aledaños del antiguo cuartel español de Caballería, aun en uso, en la falda oeste de la sierra del Hauz, en la carretera de Alcasarseguer a Tetuán.
Todavía en marzo de este año, 61 presos saharauis se encontraban detenidos en cárceles marroquíes, 5 de ellos en las Provincias del Sur. Dos de ellos llevan 13 y 23 años en prisión. También el pasado lunes 8 de mayo, la Corte de Apelación de Salé celebraba la 13 audiencia del Proceso Criminal seguido tras los sangrientos acontecimientos del campamento saharaui de Gdim Izik, cerca de El Aaiún (afrancesado Laayoune), en los que durante octubre y noviembre de 2010 murieron en extrañas circunstancias 11 miembros de las fuerzas del orden marroquí y varios nativos saharauis, habiendo también decenas de heridos.
El Sáhara Occidental sobre el cual la potencia ocupante, Marruecos, proyecta su administración bajo el eufemismo de “Provincias del Sur”, forma parte de los 17 territorios repartidos por el mundo aun pendientes de descolonizar, entre ellos Gibraltar y las Malvinas, reclamados respectivamente al Reino Unido por España y Argentina. En 1990, la Asamblea General reafirmó que “la cuestión del Sáhara Occidental era un problema de descolonización que debía ser resuelto por el pueblo del Sáhara Occidental”. El Sáhara Occidental forma parte de los Territorios No Autónomos incluidos en la lista establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2002. Como alternativa, el Reino de Marruecos ha propuesto una amplia “Autonomía” para la parte del Sáhara Occidental sobre el que ejerce una soberanía de hecho (que no de derecho) dentro de un teórico proceso de descentralización administrativa para la totalidad del país, conocido internamente como “Regionalización avanzada”. Según la legislación internacional vigente la administración de iure del Sáhara Occidental sigue estando en manos del gobierno español como Potencia Administradora, pese a que el 26 de febrero de 1976 éste intentaba renunciar a sus responsabilidades comunicando al Secretario General de las Naciones Unidas que “a partir de dicha fecha daba por terminada su presencia en el Territorio del Sáhara y que estimaba necesario hacer constar lo siguiente. España se consideraba a partir de ese momento exenta de toda responsabilidad de carácter internacional en relación con la administración del Territorio en vista de que había cesado su participación en la administración temporal establecida para el Territorio”.