El pasado 1 de febrero el rey Mohamed VI parecía rebosante de satisfacción por el reingreso de Marruecos en la Unión Africana.
La prensa marroquí, al igual que el conjunto de la prensa francesa –prácticamente sin distinciones ideológicas– daba cuenta del hecho como una importante victoria diplomática del régimen.
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Para más de un analista, la readmisión en las instituciones de la UA constituye la operación política más importante realizada por Mohamed VI desde que asumió el trono en 1999. Los medios franceses, analizaban los detalles de la operación, como un proceso iniciado hace más de 5 años y destacaban, con cierto orgullo, el apoyo de Francia a la misma. Años de encuentros y visitas, especialmente centrados en los países y dirigentes africanos más alejados del círculo de influencia árabe y francófono. Bien rodeado de un círculo de empresarios e inversores y con el apoyo económico de los países árabes del golfo pérsico, el rey ha regado promesas de colaboración política y ayuda económica, sobre todo en materia de grandes infraestructuras, en lugares como Ruanda, Tanzania, Etiopía o Zambia.
Una vez preparado el terreno, vino una puesta en escena típica del régimen marroquí: En primer lugar, 28 países pidieron la exclusión de la RASD de la UA para facilitar la reincorporación de Marruecos que, en julio pasado, había manifestado su intención de regresar a la organización, por medio de una carta personal del monarca. La negativa estaba cantada tanto por la falta de soporte reglamentario y legal de la petición – la UA no prevé mecanismo de expulsión de un país y, como mucho, un país miembro fundador, como la RASD, solo puede ser “suspendido” en caso de golpe de estado antidemocrático –, como por el apoyo incondicional a la RASD del grupo de países hasta ahora más influyentes en el continente, por su peso demográfico, político y económico: Argelia, Nigeria y Sudáfrica, a los que se suman otros como Zimbabue o Angola.
En realidad, este era solamente el anuncio de la ofensiva final; 28 países constituyen la mayoría absoluta de la UA y, aunque la petición formal debería ser avalada por un mínimo de 36, la cifra indicaba que Marruecos se presenta en la organización con capacidad real de imponer algunas de sus propuestas, por más extravagantes o ilegales que estas se consideren. La posterior firma de los documentos de adhesión por un gobierno inoperante y en funciones desde las elecciones de octubre de 2016, o las declaraciones del rey diciendo que “para curar un organismo enfermo lo mejor es actuar desde dentro”, forman parte del mismo mensaje: no importan los obstáculos a superar, Marruecos está dispuesto a todo, con tal de convertirse para los países africanos en un nuevo referente. Una alternativa al modelo hasta ahora dominante, representado por Argelia, Namibia o Sudáfrica, en el que los principios del anticolonialismo y la solidaridad interafricana son parte de su esencia.
Marruecos está incluso dispuesto a sentarse junto a la República Árabe Saharaui Democrática, cuya admisión en 1984, provocó su abandono de la organización. Mohamed VI está convencido de que puede lograr la adhesión de un gran número de estados africanos a su “novedoso” programa de acción político-económico: Mediante acuerdos de libre cambio, como los que Marruecos tiene con la UE o USA, se propone abrir el país a los intereses occidentales, que se encargarán de generar supuestamente altos niveles de desarrollo y riqueza en el país, a cambio de la impunidad internacional para su régimen político.
En este modelo casi todo es posible si uno se hace bien los deberes: Podrás saltarte todas las leyes y convenciones internacionales, y ser sede de congresos y eventos de organismos internacionales – Incluidas reuniones de nivel ONU como la COP22 o de ONGs como Amnistía Internacional -; ocupar militarmente cualquier territorio que reclames –como el Sahara Occidental, p. ej.- para esquilmar sin límite sus recursos naturales; tendrás derecho a masacrar y reprimir cualquier disidencia, mientras recibes los parabienes del Consejo se Derechos Humanos de la ONU y podrás recibir millones de euros y dólares bajo la excusa de contener la emigración ilegal, el tráfico de drogas o el integrismo yihadista…
Un modelo que parece haber ganado las voluntades de los gobernantes de 2/3 de los países africanos y que amenaza la precaria estabilidad de un continente que aún sufre las consecuencias del colonialismo europeo. Para el asentamiento de este modelo, la presencia de la última colonia de África en la UA es un obstáculo que hay eliminar.
Aunque el precio a pagar sea muy caro, ya que admitir la ocupación marroquí del Sahara significaría romper definitivamente las amarras del anticolonialismo en África y abriría las puertas a viejas reclamaciones territoriales y a nuevas disputas por el control de recursos naturales sin que nadie pudiera, entonces, invocar el principio del respeto a las fronteras heredadas como base de la coexistencia africana. La inestabilidad en los grandes lagos, Chad, o el cuerno de África podría entonces transformarse en guerras abiertas de carácter internacional y de consecuencias inabarcables.
Por supuesto, aunque los mayores beneficios de este cambio de orientación no fueran para Marruecos, sino para los intereses de Occidente, Marruecos afianzaría su posición de intermediario privilegiado, lo que le reportaría una posición de mayor peso en las negociaciones con la UE, toda vez que la opinión pública y los mismos tribunales europeos han puesto en duda la legalidad los tratados comerciales con Marruecos. Igualmente reforzaría su papel de intermediario con el sur del continente cara a sus recientes socios rusos y chinos, así como para sus antiguos aliados del golfo pérsico.
Pero, además, en lo concreto, si consigue afianzar su nueva posición de liderazgo Marruecos podría librarse de algunos instrumentos que restringen su capacidad de maniobra en el Sahara Occidental. Hasta el momento, gracias al apoyo incondicional de Francia, España y USA, ha conseguido burlar en la práctica todas las obligaciones derivadas de su pertenencia al sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional. Ha salido impune de todos los enfrentamientos con la ONU, incluido el último episodio de expulsión del componente civil de la MINURSO y ahora pretende hacer lo mismo en la UA. Marruecos se opondrá sistemáticamente a cualquier pronunciamiento o iniciativa que pueda verse levemente favorable al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui o al reconocimiento legal o de facto de la RASD, lo que, sin duda, elevará el nivel de tensión y dificultará la operatividad en el seno de la organización.
De momento ya ha conseguido ser admitido en la organización sin ningún tipo de precondiciones lo que supone que, a partir de este momento, la firma de cualquier ley o principio de actuación que signifique un cierto respeto a los derechos humanos, a la solidaridad interregional o a la no agresión entre estados vecinos en África, es papel mojado.
Tras la resolución, Argelia y Sudáfrica, entre otros, mostraban su sorpresa y disgusto porque se hubiera dado más credibilidad a los protocolos formales firmados por Marruecos que al hecho irrefutable de la ocupación y el incumplimiento de la legalidad africana.
Por el contrario, diplomáticos y dirigentes de la RASD, entre ellos el mismo presidente de la república, Brahim Ghali, su ministro de exteriores, Salek Uld Salek o el representante en la ONU, Ahmed Bujari, destacaban el hecho de que el ingreso en la UA supone un reconocimiento implícito de la RASD y subrayaban las oportunidades que el encuentro pueden suponer para un diálogo político más abierto y estable entre las dos partes en conflicto. En definitiva, el F POLISARIO venía a significar que se trata de un movimiento diplomático de largo alcance y que, como tal, tiene también sus riesgos para Marruecos.
En primer lugar, Marruecos, tras largos años de abandono del terreno africano, debería cambiar la típica diplomacia de la amenaza y la extorsión o la política de hechos consumados que le ha funcionado con los países occidentales con escaso interés político en África, si realmente pretende afianzar un liderazgo de carácter continental. Por otro lado, ese mismo liderazgo debe ser jugado desde un mínimo respeto a la organización desde la que actúa, por lo deberá moderar muchas de sus actuaciones en los territorios ocupados, en particular el cierre del territorio a todo tipo de observación y a la prensa internacional. Tampoco parecen tener cabida las provocaciones militares que han conducido, por ejemplo, a la reciente escalada de tensión en El Guerguerat.
Teniendo en cuenta que la voluntad de resistencia de la parte saharaui no ha parecido resentirse, sino más bien al contrario, por el cambio de liderazgo tras la muerte del histórico líder Mohamed Abdelaziz, y que los peores efectos de la crisis económica sobre la cooperación internacional, parecen diluirse, poco a poco, deberíamos pensar que se abren oportunidades tanto para la acción diplomática del Frente POLISARIO, como para la solidaridad internacional.
En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara que el acuerdo comercial de la UE con Marruecos no es aplicable al Sahara Occidental, ofrece una herramienta más para exigir a instituciones, empresas y particulares que actúen respetando el derecho y los derechos – en este caso del Pueblo Saharaui. Una exigencia que, en forma de campaña articulada, podría dar pie a visibilizar otras violaciones de derechos que sigue cometiendo Marruecos amparado en el poder que le otorgan los acuerdos con España, la UE y muchas empresas.
Un ejemplo, los juicios ilegales contra militantes saharauis detenidos por participar en el campamento civil de protesta de Gdeim Izik y que ahora pretende llevar por la vía civil, una vez que el proceso militar fue denunciado a nivel internacional. El gobierno español, como en los casos flagrantes de desapariciones, fosas comunes y otras barbaridades, cometidas bajo su jurisdicción, ya que así lo sostiene no ya los organismos internacionales sino la propia Audiencia Nacional, se limita a manifestar que Marruecos es un socio especialmente importante para los intereses españoles y europeos. Una vez más, se pone de manifiesto que los intereses que defiende el estado español poco o nada tienen que ver con los derechos humanos, los nuestros, los de la gente, los de la humanidad.
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